Edmundo Alzina Campos desempeña el encargo de Presidente del
Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores del Gobierno del
Estado por la designación de la Gobernadora Ivonne Ortega Pacheco. Pero es
evidente que está litigando a favor de una ciudadana, usando el poder del
estado y sus influencias para dañar la imagen pública del demandado Alejandro
López Munguía. No es posible ser juez y parte, mucho menos, utilizar un medio
de comunicación para ventilar lo que corresponde ser escuchado o leído ante una
autoridad judicial. ¿Acaso es ético que ya lo culpe de lo que hasta ahora es
una presunción de un delito? ¿Acaso Alejandro López Munguía se le debe negar el
derecho a defenderse de la acusación que se le imputa?

Lo que sí es una verdad que ya ha sido aclarada a los medios
de comunicación, especialmente el primero, el ex Diario de Yucatán, que toma la
noticia, que Perla Jazmin Rodríguez Zozaya, la demandante, mintió desde un
principio al querer involucrar a la señorita Suemy Gabriela de la Cruz Alonzo,
ex secretaria de López Munguía, como una afectada de las supuestas
perversidades sexuales que la primera a Alejandro. Esto me consta por el
intereses de Suemy Gabriela de aclarar que su salida de la clínica no fue en
los términos como Perla lo afirmó y confirmó en el mes de agosto a cuanto medio
de comunicación se prestaba a sus mentiras. Ante mí, e inclusive acompañado de
mi esposa y otros testigos que pueden dar cuenta de ello, la señorita Suemy
Gabriela no solo acepta las imputaciones mediáticas de Perla Jazmín sino que
también firma en nuestra presencia la carta de deslinde que todos pueden ver
publicada en la página www.mipuntodevista.com.

A quienes se les ha mostrado los documentos, lo que decía
Perla Jazmín y la carta de Suemy Gabriela, quedaba claro que la primera mentía
y calumniaba sin respeto a afectar la dignidad de terceras personas.

Queda muy claro que hay un proceso jurídico aún en la fase
de investigación previa en el Ministerio Público donde ya se presentó Alejandro
López Munguía a conocer, en primera instancia, el contenido de la denuncia.
Como la misma ley lo establece se acogió al Artículo 20 para no declarar en el
momento y preparar lo que en proceso legal es su derecho: el defenderse de la
acusación .

Como todo proceso legal tiene su curso y tiempo como las
autoridades responsables lo determinen. Pero aún no hay un juicio legal, no hay
declaraciones ante un juez, mucho menos la sentencia de uno que establezca una
verdad jurídica, como lo sería la declaratoria de culpabilidad.

Por lo tanto ¿es ético y moral que Edmundo Alzina Campos lo
haga? ¿Corresponde a Edmundo Alzina Campos, siendo su despacho el lugar donde
laboran los representantes legales de la acusadora, querer ventilar el caso
desprestigiando con información e interpretación parcial e incompleta la
situación jurídica de Alejandro López Munguía?

En la democracia todos tienen derecho a decir lo que se
quiera, inclusive de usar los medios para ello. Pero no hay que olvidar que hay
responsabilidades, mucho más cuando uno tiene un encargo en la función pública.
Si Edmundo Alzina Campos le conviene a sus intereses personales el litigio,
pues solo le queda un camino: presentar la renuncia a la Gobernadora Ivonne
Ortega Pacheco y ejercer con absoluta libertad lo que le convenga.

No hacerlo deja mal al Gobierno del Estado que ha demostrado
un respeto al Estado de Derecho y a las Garantías Individuales.

AL PUNTO. Toda lucha por la libertad sindical y
fortalecimiento de la democracia es digna y nadie puede pisotear ni manchar las
buenas intenciones, aún cuando contravengan a los intereses personales de los
grupos contrarios. Por lo tanto, Isabel Sansores Dorantes es una mujer digna
que la sociedad le debe reconocer la lucha valiente al encabezar un movimiento
democrático con los burócratas estatales, aún de ser consciente de la fuerza
del “poderoso” líder Jervis García, quien para Edmundo es un hombre intachable
y al cual ha dedicado muchos loas y alabanzas en sus escritos, y contraparte, a
Isabel Sansores de manera dolosa en ese mismo artículo hoy analizado pretende
manchar con imputaciones lejos de la realidad e irrespetuosas a los principios
de la democracia.

 


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