El presidente Calderón decidió utilizar el combate contra la
delincuencia por ser una respuesta al primer problema de la población,
pero con la finalidad de legitimarse ante el duro cuestionamiento en el
resultado de la elección. No hubo en contraparte y como complemento una
política integral de seguridad con reformas no solo en materia penal o
fiscal; la primera con la agilización de procedimientos para dar mayor
seguridad jurídica a los procesos jurídicos, y la segunda, que acabará
las actividades especulativas tan recurridas como fuente de
financiamiento de la delincuencia organizada.
Hoy vemos el resultado de esas carencias. Una lucha donde es
responsable el Presidente y el aparato de seguridad alrededor de él
mismo. No se ve, en definitiva, una acción de Estado que involucre a
todas las instancias de gobierno en los tres niveles de gobierno, en las
dependencias auxiliares, e inclusive, con el compromiso de sumar los
ciudadanos el esfuerzo por buscar un país muy seguro.
Quienes hemos perdido por estas ocurrencias, más que políticas
oportunas, son los ciudadanos que viven en ciudades donde se les ha
arrebatado la tranquilidad. Sin duda hay desconfianza en la vida
institucional y en la capacidad de determinadas autoridades para
contener este problema.
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