El poder en nuestro país se divide en tres instancias de gobierno: (1) el ejecutivo que administra conforme a lo dispuesto en la ley las funciones del Estado, (2) el legislativo que crea y modifica el marco legal vigente y (3) el judicial que resuelve interpretando la ley los diversos conflictos que son de su conocimiento. Esto es la aplicación de la teoría de la división de poderes que evita que las tareas sustantivas del Estado recaigan en una sola persona. Evita con ello el poder absoluto de una persona u órgano de gobierno. La división, en nuestro país, organiza el poder en los niveles federal y estatales.

Sin embargo, en los municipios, que son la primera autoridad más cercana a la población, no sucede lo mismo. No existe tal división del poder.

De acuerdo al mandato constitucional federal y local para Yucatán, el gobierno municipal se deposita en un Ayuntamiento. De manera técnica se habla de un CABILDO que es un órgano colegiado conformado con regidores que ocupan el cargo por mandado ciudadano después de un proceso electoral.

Dicho modelo de representación ya queda rebasado ante las exigencias de una representación más efectiva de los ciudadanos en los procesos de decisión gubernamental.

Consideremos que, en un proceso electoral para la conformación del cabildo, los partidos políticos definen una planilla de regidores encabezadas por un primer regidor reconocido popularmente como presidente municipal. En un sentido estricto y práctico, el presidente municipal no es más que un regidor que por sí mismo no puede tomar decisiones unilaterales ya que todas se toman en el seno del cabildo, es decir, junto con los otros regidores que lo conforman. Inclusive el número de regidores es impar, precisamente para eliminar el voto de calidad.

La conformación del Cabildo entonces depende de un solo nombre, el que aparece en la boleta electoral correspondientes. Los demás son elegidos conforme a principios de representación proporcional. El candidato a presidente municipal ganador se lleva la mayoría de regidores. Inclusive, la figura del síndico que debería ser un contrapeso a la decisión del primer regidor (o sea, el presidente municipal) es del mismo partido que encabeza el gobierno municipal.

Entonces las decisiones se determinan con simple mayoriteo del partido ganador que por consecuencia obedecen más a los intereses partidistas o por “línea” de la presidencia municipal que a una genuina representación popular.

Los cabildos entonces se convierten en espacios de discusión política partidista local a expensas de una mayoría que se espera siempre respalde a quien os llevó al puesto por resultado de un proceso electoral.

Lo que debería hacerse es cambiar el modelo de representación de los regidores para no ser dependientes de los intereses de determinado partido político. Sería ideal que los regidores surjan de un proceso electoral municipal directo de los ciudadanos para elegir a quien los represente en el gobierno municipal.

Tal vez así, el presidente municipal tendría que saber consensar con las fuerzas políticas que responden a los ciudadanos, no a los intereses particulares de los partidos políticos.

Esto fortalecería la democracia y fomentaría una participación ciudadana más efectiva y representativa que supere y rebase a los partidos políticos.

Lo malo que una modificación de esta trascendencia lo tienen que hacer los legisladores locales para adecuar el marco jurídico local. Difícilmente lo harían. El modelo de gobierno municipal les otorga arenas de grilla y combate político y mediático sin importar que sean los ciudadanos y los servicios públicos los que queda fuera de la discusión.


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