El pasado jueves, mi esposa y un servidor nos dirigíamos a Puerto Progreso para visitar a la familia y especialmente a nuestros sobrinos. En el camino nos sorprendió la cantidad de patrullas a lo largo de la carretera en el sentido de circulación del puerto a Mérida. No fue hasta llegar a Progreso cuando nos pudimos percatar que había sucedido: unos asaltantes habían robado en la joyería del Sr. Luis Bates, muy conocido en la comunidad progreseña por su honestidad y trabajo, que resulta ser el suegro de mi cuñado. Apenas el pasado 24 de diciembre, fuimos recibidos en su casa y con gozo celebramos la navidad con toda la familia, disfrutamos de las bebidas, comida y los buenos deseos propios de la festividad.
En primera instancia hay que reconocer tanto el trabajo de la policía estatal y de toda la infraestructura de seguridad que funcionó y permitió la captura de los cuatro presuntos responsables, como también, de la ciudadanía que colaboró con la atención al Sr. Luis Bates y proporcionó los vídeos donde claramente se observan a los agresores llegar y ejecutar las acciones de su conducta criminal. Especialmente de la familia en Mérida que no sintió miedo y decidió no apoyar a un de los delincuentes que quería esconderse en la vivienda y lo entregó a los cuerpos de seguridad, lo que permitió al final la captura de todos los demás involucrados. La consolidación de la seguridad en el Estado no sólo es tarea de las autoridades, sino que es necesario la participación de todos. Aquí un ejemplo de la participación en los primeros momentos que permitió que cuatro sujetos que entraron al Yucatán a robar hoy esté presos con un proceso penal pendiente a desahogar.
Pero hay que entender que la procuración e impartición de justicia es tarea compartida entre los poderes ejecutivo y judicial. El primero en la integración de la carpeta de investigación y en las diligencias que garanticen un debido proceso y se permita el cumplimiento de la justicia penal según el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales que implica: (1) esclarecer los hechos, (2) proteger al inocente, (3) procurar que el culpable no quede impune y (4) que se repare el daño. Para ello se requiere de un poder judicial que nos permita cumplir con los procedimientos y lineamientos establecidos hasta llegar a la sentencia donde se acredite el daño, la sanción y la forma de la reparación.
Aquí hay una persona que resulta víctima. Sus derechos humanos deben estar por encima de los que trasgredieron las normas y alteraron la paz pública y la armonía social. Además, hubo saña en la acción criminal en la golpiza que resultó innecesaria ante ser cuatro los perpetradores de la acción con toda la ventaja de estar armados y amagar con violencia al Sr. Luis Bates.
Ambas autoridades responsables, tanto del poder ejecutivo como judicial, deben mostrar firmeza y no permitir que esos sujetos, ajenos a estas tierras, salgan libres con las excusas de no se logra integrar bien la carpeta de investigación o que se violaron sus derechos humanos o cualquier otras que evidencia la fragilidad del sistema penal.
Es necesario que se tengan un castigo ejemplar con un mensaje muy claro a quienes pretenden entrar a Yucatán a delinquir.
El Sr. Luis Bates tiene también derechos y como sociedad lo arropamos para demandar más allá de las cuestiones legaloides que en ocasiones distinguen a los procesos legales, ¡JUSTICIA!!!!
Espero que esta publicación sea de tu interés. Me gustaría seguir en contacto contigo. Por lo cual te dejo mis principales redes para dialogar y comentar los temas de interés para la sociedad y nosotros.
