De acuerdo con el artículo 15 del Código Penal Federal se aborda el tema de las excluyentes de responsabilidad penal, que entre ellas se encuentra en al fracción V el ESTADO DE NECESIDAD que literalmente se afirma que se obra bajo este concepto cuando se trata de “… salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo”.
La persona que se “…apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley” es la que comete ROBO.
En el sistema penal se aplica la vinculación del delito de robo y la excluyente del estado de necesidad. Tal aplicación la encontramos en el artículo 379 que textualmente dice:
“No se castigará al que, sin emplear engaño ni medios violentos, se apodera una sola vez de los objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento.”
Todo es necesario para analizar y establecer con precisión una explicación y las consecuencias que se deben generar por la tragedia de la explosión de ductos en Hidalgo.
Si nos vamos estrictamente a la definición de robo, no hay ninguna duda que los pobladores de Tlahuelilpan cumplían con las características del delito. Mucho más, cuando en los vídeos se observa claramente que hay cuerpos de seguridad, al parecer municipales y militares, que conminaron a no seguir con el aprovechamiento de la fuga.
Según lo expresado por Andrés Manuel López Obrador, la gente no actuaba de mala fe, sino que en la “inocencia” tuvieron un criterio de oportunidad para hacerse del combustible. Bajo la doctrina penal, no existe inocencia o ingenuidad en la participación “activa” de un delito. La ignorancia no exime la responsabilidad legal, es otro de los principios fundamentales para garantizar la aplicación de la ley y el Estado de Derecho.
El robo por necesidad, también conocido como “en famélico” debe cumplir con las siguientes condiciones: (1) debe existir un verdadero estado de peligro, real y eminente de un bien jurídico que sea mayor de la que origina este, (2) se limite a las cosas y en los límites necesario para que ese peligro disminuya y (3) debe ser excepcional, es decir, no repetitivo en tiempo y en forma.
Con estos principios legales se fortalece la hipótesis de una presunta responsabilidad penal de todos los involucrados y ahora víctimas, porque no existía ni se cumplían los preceptos para alegar que el ESTADO DE NECESIDAD.
El tema del huachicoleo en Hidalgo es grave por la convergencia y paso de diferentes ductos que abastecen gasolina en todo el territorio nacional, por lo cual, se había hecho costumbre de los varios poblados de aprovecharse de las tomas clandestinas.
¿Cómo debería el estado proceder?
Se entiende que una vez presentada la emergencia de la explosión la tarea prioritaria es la atención de la explosión y sus efectos, apoyar a los heridos y resguardar la zona y la vida de quienes estuviesen cerca del radio de afectación del incidente.
Tal ayuda debe procurarse hasta el punto de que ya no peligré la vida de las personas heridas.
Una vez superada la emergencia, en el recuento de los daños y deslinde de responsabilidades, a los que se les pueda acreditar la acción de robo se les debe iniciar el procedimiento legal correspondiente.
En verdad es un exceso, muy propio de los mexicanos, la exigencia del pago e indemnización por los muertos y los heridos. Es claro que no fue el gobierno el responsable ni de la explosión, mucho menos de los muertos y heridos.
Sin embargo, sin conceder un sí total o negar rotundamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionado sobre la petición de las indemnizaciones asegura que el apoyo será total y sin límites. ¿Debemos entonces aceptar que se termine pagando a quienes vieron la oportunidad de agandalle para robar el combustible?
El tema de la corrupción no solo se manifiesta en actos gubernamentales. La corrupción es un hecho resultante de la falta de valores y respeto a los marcos legales. Algo que no es privativo solo de las autoridades, sino que todos los ciudadanos estamos susceptibles entonces de ser corruptos.
López Obrador ha insistido en la nobleza del pueblo, que solo porque la situación de México los ha llevado a cometer este tipo de delitos, aún poniendo a costa la propia integridad física y la vida de por medio. Tlahuelilpan es un triste ejemplo de que la realidad no corresponde a los conceptos de discurso de la buena y las mejores intenciones.
El Estado, como autoridad tiene una obligación, no solo de resguardar la integridad y la vida de los ciudadanos, sino también, utilizar los instrumentos legales correspondientes para hacer valer el cumplimiento de ley con la coacción a quienes infrinjan la ley.
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