Las condiciones de detención que prevalecen hacia los jóvenes y la forma en que son procesados los casos penales en los que se involucran como imputados, junto con la necesidad de respetar sus derechos humanos y entender sus características de desarrollo, así como el papel de la familia y la comunidad en su reeducación, fueron temas que se debatieron en la segunda Jornada de la Reunión Regional “Hacia una justicia más justa para niños, niñas y adolescentes de América del Norte” que se desarrolla en la sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.

Este día se contó con la presencia de la secretaria general de gobierno María Dolores Fritz Sierra, en representación del Gobernador Mauricio Vila Dosal, quien en su mensaje resaltó el noble objetivo del grupo de trabajo que se reúne y el ánimo de cooperación trinacional. También estuvieron presentes autoridades locales, magistradas y magistrados de Yucatán, Quintana Roo y Durango, así como Consejeras y Consejeros de la Judicatura.

En su oportunidad el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Yucatán Ricardo Ávila Heredia reconoció el valor de estos diálogos que ayudan al país y al Estado a mejorar sus prácticas en este tema.

 En la mesa de debate “Tendencias y evoluciones de la Justicia para niños, niñas y adolescentes en América del Norte y el mundo”, expertos explicaron la forma en que se procesan los casos de menores en Canadá y Estados Unidos, así como las condiciones que se consideran en relación a la edad y la madurez de este grupo del a población

Diane Geraghty de Loyola University of Chicago, identificó algunas de las tendencias globales en justicia juvenil y su impacto en los derechos de los niños y jóvenes. Dijo que desde 2007 y más tarde con algunos cambios, las Naciones Unidas actualizaron sus parámetros en cuanto al tratamiento juvenil penal.

Por ejemplo, no establece una edad mínima para el procesamiento penal, por los cuales México y Canadá habrían sido impulsados a elevar la edad de responsabilidad penal de 12 a 14 años. En cuanto a la mayoría de dad para ser tratado en el sistema especializado, la ONU no establece una edad máxima, pero sí considera que los jóvenes no se desarrollan totalmente en diversos aspectos hasta la edad de 25 años. Por esta razón, las tasas de criminalidad se elevan en adultos jóvenes de estas edades, alcanzando su máximo de 19 a 21 años.

Por esta razón hay ciudades en estados Unidos que cuentan con tribunales especializados para adultos jóvenes, como es el caso de Chicago.

Por su parte, Lise Gagnon, Juez de menores y la familia de Canadá expuso que en Canadá la edad máxima de niñez se considera a los 17 años, sin embargo, el procesamiento de los casos penales privilegia la justicia restaurativa que implica el diálogo directo entre la víctima y el menor que ha cometido el delito.

Indicó que la mayoría de los jóvenes que delinquen vienen de familias violentas o que no cumplen su función educativa. “Esta es la raíz del problema y por eso se tienen que proveer servicios a los jóvenes, pero también a sus familias, ya que viven con familias que son las que crean los problemas”.

Por su parte, Juan Martin Pérez García de REDIM, expuso que las medidas socioeducativas solas no sirven si no se articulan con respuestas para la familia y que el tratamiento de los jóvenes debe considerar sus necesidades de sentido de pertenencia y de identidad.

“No estamos encontrando a la persona adolescente como un ser que tiene problemas, sueños”, resaltó.

Habló de los problemas de reclutamientos o involucramientos de jóvenes en la delincuencia organizada que a veces viene de la familia misma.

Los representantes de las organizaciones civiles que participaron en este congreso fueron Terre des hommes; Red Colectivo AVE (MEX); Juvenil Justice Initiative (Iniciativa de Justicia Juvenil) que forman el Grupo de Trabajo sobre Justicia para los Niños de América del Norte, organizador de esta iniciativa, con el apoyo de otras asociaciones como Penal Reform International y la Asociación Internacional de Jueces y Magistrados de la Juventud y la Familia.

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