Como muchos ya sabemos, la secretaría de Semarnat tuvo que renunciar después de haber solicitado que la aerolínea Aeroméxico demorará un vuelo ante un retraso de ella para abordarlo.

Supuestamente porque se recibió en la aerolínea una llamada que por “orden presidencial” se solicitaba que el avión esperará a una funcionaria federal, que resultó ser Josefa González-Blanco Ortiz-Mena. Según testimonios de usuarios del vuelo en cuestión confirman que ya el avión se encontraba en movimiento y de pronto el capitán informó que se tenía que regresar a esperar a un funcionario federal por “orden presidencial”. Una demora de 38 minutos en perjuicio de los usuarios que ya estaban embarcados y listos para salir.

El hecho le costó el puesto de secretaría de Josefa González que sale por la puerta chica y en la vergüenza de ser el ejemplo del influyentismo que corrompe el espíritu de honestidad y pulcritud que ha exigido Andrés Manuel López Obrador a su equipo de trabajo.

Hay quienes afirman que la renuncia de Josefa ya era bola cantada por los mismos motivos de Germán Martínez, pero en los hechos la dimisión ya quedo marcada en el gandallismo en el uso del poder y de las influencias para beneficio personal en perjuicio de la ciudadanía.

Sin embargo, hay otra parte de la cual no hemos sabido el tipo de sanciones que se merecen los responsables de reprobable hecho. Es el caso de la persona o ejecutivo de Aeroméxico que dio la orden de regresar el avión cuando ya tenía el permiso de la torre de control para iniciar su rodaje en la operación de despegue.

¿Cuál es la garantía que tenemos los usuarios de una aerolínea mexicana de anteponer los intereses de los usuarios y no ser seducidos por el influyentismo de los funcionarios federales?

Este hecho no solo afecta la credibilidad institucional del gobierno, sino también de los procesos de operación de una aerolínea, que como tal debe proceder siempre de manera objetivo y en función de lo que dicta los protocolos de operación y de compromiso de calidad en su servicio a los usuarios que pagan una tarifa para usar sus servicios.

Por lo cual se debe abrir la investigación, de cara a la sociedad, para que interpongan las sanciones que la empresa y los ejecutivos u operadores se merezcan por este absurdo caso de influyentismo.


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