En este año, más allá de la situación de la pandemia y la contingencia, es la primera vez que se aplica el sistema de selección y admisión de nuevos maestros para el sistema educativo nacional con las reglas de la reforma de la Cuarta Transformación. Una promesa, en contra de la reforma concretada por el régimen de Peña Nieto, era regresar a la preferencia de las escuelas normales en el otorgamiento de plazas magisteriales.

Con Peña Nieto, en aras de elevar la calidad educativa, el proceso de selección de maestros se abrió de manera amplia a los universitarios que, pasando el proceso de selección con criterios de evaluar el desempeño magisterial, podían aspirar a un lugar de base en el sistema educativo nacional.

Debido a la contingencia no se aplicado el examen presencial tal y como estaba establecido en la convocatoria, y para subsanar la necesidad de contar con los maestros que cubran los lugares vacantes se procedió a sumar los puntos de los otros criterios y así ubicar, por derecho de prelación, lugares de los aspirantes.

Sin embargo, hay dos listas, una de los aspirantes egresados de las escuelas normalistas públicas y otra para los que egresan del sistema de formación normal pero de instituciones privadas. El problema, según los segundos, es que se está otorgando plazas, por encima de los estudiantes de las escuelas privadas que tiene mayor puntaje de los egresados de las públicas.

De acuerdo con el texto del Tercero Constitucional se dice que “La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones”

¿Existe igualdad de condiciones entre los egresados normalistas?

¿No es acaso una discriminación deliberada del gobierno en contra de quienes han decidido pagar por estudiar para ser maestros en educación básica?

En Yucatán, por ejemplo, no existía hasta hace pocos años una normal de educación especial, por lo cual la formación en este campo educativo estaba a cargo de instituciones privadas. Hoy el estado castiga a los profesionistas de educación especial por pretender cubrir la necesidad educativa que el Estado no cubría.

En el mismo párrafo del artículo constitucional se afirma que el proceso de evaluación se “… considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos”

Quienes somos maestros sabemos, que más allá de cualquier condición socioeconómica, en un aula convergen muchos estilos de personalidad, capacidades y motivaciones entre los estudiantes. De tal manera que hay tanto alumnos brillantes que se distingue npor su compromiso personal al estudio hasta el extremo de auténticos flojos y baquetones. Algo que se repita tanto en la escuela privada como pública. Por lo cual, no por estudiar en la pública hay garantía de contar con un producto profesional de calidad, como tampoco por ser privada signifique lo contrario o que se “compró” un título.

¿Qué es lo que merecen nuestros alumnos de las escuelas públicas para llegar a este nivel de EXCELENCIA EDUCATIVA?

¿Es válido que se premie con una plaza docente en la escuela a quienes están por debajo en las capacidades magisteriales de otros profesionales si al final ambos estudiaron lo mismo?

El propio Artículo Tercero Constitucional nos da una brillante definición de DEMOCRACIA cuando afirma que debemos entender por ésta “… no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”

¿Por qué entonces se pone de segunda a los profesionistas normalistas más preparados solamente por el hecho de ser egresados de una escuela normal privada? ¿Es mucho pecado entonces ser “fifi“?

En la realidad socioeconómica hay muchos alumnos que estudian en una institución normal privada con mucho esfuerzo, alguno de ellos costeando sus estudios con trabajo adicional o por un mayor esfuerzo educativo. Yo he dado clases en una institución normal privada y muchos ni siquiera tiene para solventarse lujos y en algunos casos graves ni para comer con la firme intención de invertir en su educación con la idea de superarse, de contar con una oportunidad de mejoramiento personal. Y ahora todo ese esfuerzo “vale madres”… como dicen ellos mismos, molestos ante una clara arbitrariedad e injustica.

Al final ambos egresados, sea públicas y privadas, estudian sobre el mismo plan de estudio, lo que reforzaría una igualdad de oportunidad y condiciones de evaluación en las estrategias, conocimientos y habilidades que se requiere para ser maestro del sistema educativo nacional. ¿Por qué sustentar entonces la diferenciación? ¿Tan solo por catalogarlos como fífís?

Con esta decisión queda claro que esta Cuarta Transformación termina por desfondarse a sí mismo en un concepto que fundamenta el cambio en la educación, la EXCELENCIA EDUCATIVA. En este caso, quienes salen perdiendo son los niños al contar con maestros que no pueden demostrar capacidad magisterial en el proceso de admisión.

No están elegidos los mejores prospectos a maestros.

ALCE. Si hubiera decencia, aquel que salió bajo, por debajo de la capacidad de los demás debería renunciar. Pero cuando el sistema privilegia la mediocridad, al final los que salimos perdiendo somos todos.

 

 

 


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