Enrique Vidales 13 noviembre, 2015

Casos Merari e Instituto Patria

 

El pasado fin de semana fue de sonados escándalos para la sociedad yucateca. El primero por la denuncia en contra del regidor Victor Merari por no cumplir con las obligaciones económicas de manutención de un hijo procreado. El segundo se originó en las iglesias católicas de María Inmaculada y Nuestra Señora del Líbano al darse a conocer un comunicado de la Arquidiócesis donde anuncia la terminación de la relación con el Instituto Patria.

Así que vamos por partes.

El asunto de que un funcionario no cumpla con la ley en el caso de su responsabilidad de pensión de un hijo procreado no es un asunto de carácter totalmente privado. Se debe considerar que los funcionarios, más los representantes elegidos por voto popular, deben estar comprometidos al cumplimiento cabal de sus responsabilidades legales, inclusive las personales. Esto por la clarísima necesidad de mantener una congruencia entre los actos de vida y personal con la función pública.

Más cuando el aludido se ha caracterizado por un constante llamado al respeto de la legalidad y Estado de Derecho de los contrarios de partido. Además, el mismo panismo que se considera un partido conservador o de derecha cuenta con entre sus principios básicos el respeto de la dignidad de la persona humana.

La corrupción, para realmente ser confrontada y atacada, es necesario conceptualizarse más allá de las malas prácticas de gobierno. La corrupción tiene que ver con una profunda pérdida de valores. Por lo cual, el no atender una necesidad de un menor en la proporción de lo que la ley demanda como pensión alimenticia, es un claro ejemplo de la persona que corrompe los valores fundamentales de respeto a las obligaciones paternales, al interés superior del niño y el respeto a la persona humana.

Por lo cual Víctor Merari compromete el PAN en cuanto al discurso de combate a la corrupción. Su caso no puede ser aislado del compromiso que conlleva el discurso panista del actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional Ricardo Anaya.

En el otro asunto, ha llamado la atención de los católicos yucatecos la forma de proceder de la Arquidiócesis de Yucatán. El asunto no es menor ya que se trata de una institución que desde su fundación en la conciencia popular de los meridanos queda clara la vinculación del Instituto Patria con la Iglesia Católica, específicamente la comunidad religiosa de María Inmaculada.

Cuando el instituto fue creado en 1991 la Iglesia Católica no tenía la personalidad y capacidad jurídica para contar con propiedades propios. En un estado laico y con prohibición para los clérigos en materia de propiedad, los colegios católicos funcionaban mediante la simulación que se orquestada con la creación de una asociación o patronato civil que, a su vez, entregaba la administración y función educativa a alguna congregación religiosa. Más que claro que estos actos jurídicos se construían con fundamento en la buena fe de todos los intervinientes.

En los pasillos escolares es conocida la mala administración del Instituto Patria. Basta checar con el Registro Público de la Propiedad y darse cuenta de los varios embargos que gravan el predio donde se encuentra la institución educativa. En su momento, hasta el IMSS ha registrado embargos, que por obviedad son el resultado de incumplimiento de las obligaciones de cuotas de seguridad social. Algunos de esos embargos, atendiendo al historial del registro, aún siguen vigentes. Lo que ponen en jaque las finanzas de la institución, no la hacen rentable ni confiable para fines de financiamiento bancario. Es por ello que, para resolver su situación financiera, se dice que ha recurrido a prestamistas privados con la obviedad de intereses superiores de los bancarios.

En la página de la propia institución en su apartado de historia se extraen las siguientes frases:

  • “En el año de 1991, Monseñor Álvaro García Aguilar, se reunió con algunos matrimonios que conformaron un patronato, para compartir un sueño largamente anhelado; fundar una escuela que tuviera como características ofrecer a su alumnado una formación en la fe católica, un buen nivel académico, y una atención personalizada de calidad a través de grupos reducidos y mixtos”
  • “… como escuela católica se debía tener un lugar destinado para acrecentar la fe católica de los alumnos. Un lugar para acercarse al señor y la santísima Virgen María, es por eso que en 1993 se construye la hermosa la capilla del instituto”
  • “Hoy El sueño de Monseñor Álvaro García se ha convertido en realidad”

Así que culminó con una serie de preguntas:

¿El hecho de formar un patronato fue para fines privados y empresariales? ¿No correspondería a una figura más asociada a la obtención de recursos por la vía de donaciones?

¿Actuó entonces el P. Alvaro García de espaldas a las autoridades eclesiales reuniendo a un grupo de personas para hacer negocios lucrativos bajo los principios religiosos católicos?

Si se supone que por Derecho Canónico las capillas deben consagrarse y para ello contar con la aprobación de la Arquidiócesis para ser centros de culto ¿ésta autorizó una dentro de las instalaciones de un lugar privado y empresarial?

¿Es acaso el sueño de Monseñor Álvaro García el que hoy se tenga un conflicto entre la Arquidiócesis y una asociación que hoy se manifiesta privada y empresarial y que, además, acusa a la jerarquía católica de desinformada?

Preguntas que dejo a su consideración

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