Enrique Vidales 23 septiembre, 2016

 

México es un país complejo. Los problemas que nos han aquejado los tenemos que analizar de manera muy amplia por los contextos y la realidad tan diversa y multicultural que hay dentro del territorio mexicano. En cualquier tema hay polarización que impide encontrar coincidencias que nos ayuden a comprender la realidad.

En el caso de Ayotzinapa la situación se complica más. El análisis debe ser mucho más amplio. Lo que sucedió a los estudiantes no corresponde a la consolidación de una sociedad democrática. Independiente de que sea una instancia del gobierno o sea por parte de la delincuencia organizada, o lo que es peor, la unión de ambos como responsables del asesinato de los jóvenes estudiantes es condenable. Lamentablemente por las condiciones e intereses particulares de los grupos intervinientes resultará difícil llegar a plena convicción lo que pasó la noche trágica Iguala. Irónicamente cuna de la independencia de México.

Lo que es cierto es que los desaparecidos de Ayotzinapa representa un antes y después en la presidencia de Enrique Peña Nieto que repercute en todas las áreas de desarrollo político, económico y social.

Es muy claro que los eventos sucedieron en una entidad que era gobernada por el PRD al igual que la pareja presidencial del municipio de Iguala, “los Abarca”, que son señalados como los presuntos responsables y que continúan privados de la libertad por estar sometidos a proceso judicial por estos hechos. Con la estrategia de comunicación muy afinada en las redes sociales de los perredistas el asunto de la “responsabilidad mediática” recayó en el ejecutivo federal que no supo manejar la crisis y asumió con errores el linchamiento social.

Días posteriores a este evento, en la plena efervescencia de la desaparición, tuve la oportunidad de intercambiar puntos de vista con el delegado de la policía federal en Yucatán en aquel entonces. En un encuentro en la Cámara de Comercio con diferentes organizaciones se tuvo que abordar el tema de forma más que obligada.

El comandante reconoció que, si el destino final había sido la muerte, el hecho era por demás condenable. No se merecían los estudiantes un final de esa índole. Sin embargo, igualmente nos comentó que tiempo atrás tuvo encuentros con los estudiantes que no se caracterizaron por ser tersos. Nos convocaba a que tuviéramos la oportunidad de visitar las instalaciones de la escuela y así constatar que en el estacionamiento se encuentran diversas unidades de transporte de carga y mercancía que permanecían secuestrados por los estudiantes. Esto no justifica lo que en el peor de los temores les sucedió a los estudiantes.

Sobre el caso la PGR ha permitido acceso a toda la documentación de la investigación judicial. Se le permitió a una comisión de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos venga a México a realizar una investigación. En la polarización política la acción de estos expertos se llevó a la discusión mediática que acusa de imparcialidad contra el gobierno las acciones, declaraciones y resoluciones que se emitieron. Eso costó dos millones de dólares que el gobierno mexicano pagó a la CIDH por esos servicios. Al final no se pudo aclarar nada, ni aparecieron ni encontraron la evidencia final de participación de algunas instancias del estado a nivel federal. Se continuo con el vacío en las versión histórica y legal.

Ahora, en un nuevo aniversario, vuelven a salir nueva información sobre el asunto. Se dice que hay otras estrategias o protocolos para investigar. Por lo menos queda claro que la esperanza de encontrar vivos a los estudiantes es más que remota. Los padres de familia que, en legítimo derecho reclaman por la vida o esclarecimiento de los hechos, han pasado a un segundo plano. Nuevos hechos políticos han desplazado el foco de atención en ellos en los últimos meses.

Los mexicanos difícilmente sabremos en el futuro que paso esa noche en Iguala y en dónde quedaron todos los desaparecidos. Al parecer hay grupos que están interesados en que no suceda eso. Tiene un mayor capital político dejar las cosas en el suspenso que llegar a la convicción de la verdad.

El daño no solo fue para los estudiantes ni a sus familias o la escuela rural. El impacto negativo de un hecho que nunca debió suceder nos ha afectado a todos los mexicanos. La apuesta que de las cosas vayan mal al gobierno para restarle credibilidad parece triunfar no parece llevar a un callejón sin salido. Lo malo es que la tarea de construcción de un país no solo depende del gobierno o del ciudadano por cuerda separada.

Es importante y trascendental que el proceso democrático sea una responsabilidad compartida. Es ir de uno para todos, ni todos para uno… sino todos para todos, ya que los resultados de la función pública repercuten en la mejor calidad de vida.

Lo peor para Ayotzinapa, más allá de la condenable muerte de los estudiantes, es el daño que dejo para todo el país. Una responsabilidad que debemos compartir todos.

A %d blogueros les gusta esto: