En estos días se ha dado a conocer la resolución favorable de un amparo que protege a un niño de 10 años con la condición de déficit de atención con hiperactividad en contra de la discriminación y falta de atención educativa en una escuela del Estado de Yucatán.
La madre de un menor de nombre I.M.E.C interpuso el recurso legal por el rechazo generalizado de compañeros, padres de familia y maestros que no comprendieron ni atendieron adecuadamente la situación del niño. La resolución del juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, René Rubio Escobar, concedió la protección constitucional del menor y ordenó a la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (SEGEY) a realizar un diagnóstico de la situación del menor y elaborar un plan de trabajo educativo, con acciones que permitan su restablecimiento e integración al sistema educativo, considerando su condición y atendiendo a la protección del mayor interés público del infante.
Esto crea un precedente legal para otras situaciones educativa donde una escuela pública no desea atender a un niño con problemáticas especiales. Por la interpretación judicial es tarea de la autoridad educativa la generación de un diagnóstico, consideración y atención para garantizarle a este niño y, por añadidura a otros infantes con condiciones especiales, el acceso a la escuela.
Solo que valdría la pena considerar que la educación no solo es tarea de la escuela. Coadyuva a la familia, que constituye la primera formadora de valores y estructuras de interacción social que, posteriormente, se verán fortalecidas por los conocimientos, habilidades y actitudes que se consolidan en un ambiente educativo.
La realidad social y familiar ha cambiado con el tiempo. Hace algunas décadas solo era el padre quien ejercía la responsabilidad de trabajar para el sostenimiento de la casa y la familia. La precaria situación económica familiar hoy obliga a ambos progenitores a salir a trabajar. En consecuencia, los niños quedan a la intemperie por horas de la tarde. Esto enmarcado en un ambiente con excesiva sobreestimulación por la televisión, los juegos, el internet, celulares. No faltan teóricos de la psicología y aprendizaje que niegan la existencia de los trastornos de déficit de atención por ser más una consecuencia de la disparidad que hay entre un ambiente con demasiado estímulo y un modelo educativo netamente pasivo.
Pero más allá de esa discusión, lo verdaderamente importante es que la educación tiene que concebirse desde una base de corresponsabilidad entre los padres y los maestros. Mucho más cuando se trata de situaciones contextualizadas en educación especial. En mi experiencia vemos que cada día se da más prioridad a la tarea o función del maestro frente a las situaciones de los alumnos sin considerar de manera proporcional la responsabilidad de los padres de familia.
Al final, los niños solo están cinco horas de las 24 en cinco días de la semana. Lo que el maestro ejecute tiene que ser reforzado por los padres de familia. No es una cuestión menor. Pero bien sabemos que hay la tendencia de imponer al sistema educativo, escuela y maestros el éxito de la formación de la persona.
Sin rehuir la responsabilidad de educar, se debe socialmente analizar y ponderar las tareas y funciones del sistema educativo, de la escuela, de los directores, maestros, alumnos y padres de familia. Solo así se lograría más que un simple plan integrador de trabajo e intervención educativa.
La tarea de la formación integral no depende solo de la escuela. Esto sin desligarse de la responsabilidad de encontrar estrategias para la incorporación e inclusión de los niños dentro del sistema social en una escuela.
Pero no puede limitarse todo en una condena y ordenamiento de acciones a la escuela. La familia tiene igualmente una responsabilidad e involucramiento para lo que llaman “el manejo adecuado” de la problemática del menor con necesidades educativas especiales.
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