Enrique Vidales 26 septiembre, 2015

Hace un año que se dio el acontecimiento más sangriento que ha marcado la vida política y social del país. Contra cualquier otro argumento que tenga validez, hay que reconocer que no hay motivo alguno para asesinar a otro ser humano. En una sociedad civilizada y democrática no hay cabida a la muerte como opción para resolver una diferencia.

Lo que sucedió en la noche del viernes 26 de septiembre de 2014 a 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa representa al México que debimos de haber superado en el proceso de la consolidación de la democracia y las instituciones junto con los marcos legales respetuosos de los Derechos Fundamentales y Humanos.

Lamentablemente a un año si algo debemos aprender de esta amarga experiencia es precisamente que nos falta mucho como nación democrática contar con un Estado de Derecho real. El Estado de Derecho debe procurar que tanto las autoridades como los ciudadanos se apegue en estricto al cumplimiento de la ley y los principios normativos que dignifican a cada uno de ellos. Es aceptar no sólo en el discurso político, sino también, en la acción que los ciudadanos podemos hacer lo que queramos, siempre y cuando lo hecho o no realizado no esté prohibido por la ley; mientras que la autoridad, sólo puede ejecutar los actos que la misma ley le concede derecho, capacidad y facultades.

De tal manera que podemos afirmar que los jóvenes estudiantes, de primer año de la escuela normal no están libres de total responsabilidad. Hoy sabemos que ellos fueron azuzados por dirigentes estudiantiles que se acostumbrados a actuar con plena impunidad secuestraban camiones, alteraban la paz y la armonía social, así como también, “robaban” productos a empresas privadas con la justificación de contar con recursos para sus manifestaciones y mítines. Los jóvenes estudiantes tenían el compromiso para otros grupos de estudiantes de conseguir varias unidades de transporte que les permitieran acudir a las manifestaciones del 2 de octubre.

¿En dónde están hoy esos líderes, del mismo grupo de la escuela normal de Ayotzinapa que dieron una orden de alterar la paz y la armonía social en actos que van contra el ejercicio idóneo y constitucional del derecho de petición, protesta y de opinión?

En un corte extraño de las cosas. Cuando la comunidad simpatizante con la causa de los jóvenes desaparecidos ponía en duda la credibilidad de la explicación de las autoridades mexicanas, si pidió la participación de una entidad extranjera que realizará peritajes. De ahí surge un grupo de expertos convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que igualmente fueron incapaces de encontrar vivos a los estudiantes, pero en el ánimo de la inconformidad pusieron en duda la versión oficial.

En primera instancia, valdría la pena que hasta el momento no existe una evidencia de que alguna instancia del gobierno federal participó en esos actos. Se dice que las autoridades federales y el ejército se enteraron de una situación problemática en Iguala esa noche. Sin embargo, todos sabemos hoy que los protagonistas fueron el alcalde y mandos policiacos de Iguala. Los que se suponían son garantes de la seguridad pública y como autoridades se suponían tenían el control de la situación.

Lo que hoy también sabemos que el alcalde, junto con su esposa, estaban ambos ligados a la delincuencia organizada. Que fue la policía quien los entregó a los sicarios que quitaron la vida a los estudiantes. El grupo de expertos ha confirmado por su teoría del caso que el asunto se relaciona directamente con grupos de delincuencia organizada, especialmente con el narcotráfico. Los supuestos responsables están detenidos y en proceso judicial.

Ante la controversia por la existencia de dos versiones que conducen a un mismo resultado, el Presidente Enrique Peña Nieto se ha entrevistado personalmente con los padres de familia. Pero de nada sirve porque de la parte de Ayotzinapa el fundamentalismo político no abre posibilidades de acuerdos ya que ellos ya tienen una verdad absoluta que no se puede cuestionar.

Esa postura con la cual se justifican en la búsqueda del derrocamiento del régimen político a quien responsabilizan de una acción que no fue ejecutada ni ordenada desde una instancia federal. Es muy claro que hay responsables políticos partidistas como los que encumbraron a los Abarca en Iguala sin importarles sus vínculos con la delincuencia organizada. Una impunidad política que hoy les permite a aquéllos continuar dentro del servicio público de gobierno o aspirar a cargos públicos, inclusive, con la Presidencia de México.

De todo lo anterior. De lo que se ha podido leer y conocer por las diversas fuentes de información, así como también, del sentido común es muy fácil determinar que la verdad histórica real de los acontecimientos del 26 de septiembre de 2015. Hasta a los padres no les ha interesado ir más allá de los responsables directos de la supuesta matanza para llegar hasta aquéllos que pusieron en peligro real a sus hijos. Responsables que hoy le exigen por medio de la violencia justicia a las autoridades.

Eso es lo peor que le ha pasado al país. Más en un tiempo donde la tecnología nos permite interconectarnos con el mundo entero, por lo cual la situación de protesta se ha desbordado más allá de las fronteras físicas del país.

Se entiende que se tenga exigencia en el esclarecimiento de los hechos. Pero la politización y mediatización han contaminado los intentos de llegar a la verdad. Con el hallazgo y vinculación con restos de cenizas con dos estudiantes, es más que claro que los jóvenes fueron masacrados por los sicarios. Tal vez si empezamos a aceptar esa realidad podamos desde una perspectiva psicológica aceptar la verdad de los hechos. Que al mismo tiempo nos permita como sociedad buscar los medios y estrategias sociales, políticas y legales para que esto no vuelva a ocurrir.

Una sociedad que no sabe aprender de sus errores para mirar hacia adelante, es difícil que encuentre un camino hacia la única dirección y sentido del tiempo, que es adelante.

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