Enrique Vidales 28 mayo, 2015

En días pasados el Ayuntamiento de Mérida pagó – de los propios impuestos que cobra a su favor – un desplegado para tirarle la responsabilidad al Gobierno del Estado del embargo de terrenos por la falta de pago de 27 millones de pesos, que por sentencia administrativa, obligada a la hacienda municipal devolver por pago ilegal de impuesto predial.

El asunto no es nuevo, data desde tiempos del gobierno de Víctor Cervera Pacheco. En aquel entonces se promulgó un ordenamiento municipal sin contar con las firmas de refrendo que exige el proceso legislativo. Ante esta omisión algunos ciudadanos que sintieron que fueron afectados interpusieron el recurso judicial en contra del Ayuntamiento, que fue la autoridad que cobró cumpliendo un ordenamiento ilegal.

  1. Por un lado es cierto que la omisión en el procedimiento legislativo fue del Gobierno del Estado, pero el Ayuntamiento comparte también la obligación solidaria al cobrar fundamentado en una ley incompleta. Bien pudo en su momento el propio Ayuntamiento hacer notar el error y actuar en consecuencia protegiendo a los ciudadanos de una ilegalidad. Al momento de cobrar, el Ayuntamiento de Mérida avaló la aplicación de la ley cuestionada, por lo cual, es igualmente responsable de una acción que no debió de ejecutar por no cumplirse una formalidad legal.
  2. El embargo de terrenos, que es un perjuicio para la ciudad como lo es cualquier otro pago que surja por una mala decisión legal de la autoridad, es la última medida que un tribunal judicial ordena su ejecución ante el incumplimiento de pago. Lo que nos lleva a establecer que para ello se debieron de agotar todos los demás recursos legales como las notificaciones sin recibir respuesta del sujeto obligado, es decir, de la autoridad municipal. Recordemos que Renán intentó solicitar al Cabildo una negociación de pago a plazo de forma urgente, en sesión nocturna – cuando en el transcurso del día se había efectuado una – por el apercibimiento del Tribunal Administrativo de que el asunto después de varios meses notificado no había sido puesto a consideración del órgano de gobierno municipal, es decir, del Cabildo. Al respecto hay opacidad en la información que nos presenta el Ayuntamiento. Se desconoce desde cuando el Tribunal Administrativo realmente dio a conocer a la autoridad de la sentencia. No se tiene precisión de las notificaciones que se entregaron, si se cumplió con forma, fundamentada y debidamente motivada. La autoridad al no hacer un cuestionamiento ni recurso de protección jurídica contra una mala notificación, es claro que éstas cumplieron el tiempo y la forma. Por lo que es más que claro, los que conocen de Derecho, que existió un interés genuino de darle solución pronta y expedita a esta situación.
  3. Esto nos lleva a concluir una clara, evidente y contundente omisión de las autoridades municipales, encabezada por Renán Barrera, para atender un asunto judicial, contraviniendo con ello el debido proceso en la dilación de acción que debía ejecutar obligado como autoridad.
  4. La cantidad de 27 millones, si bien parece excesiva a simple vista, es importante señalar que no resulta tampoco insalvable porque todas las instancias de gobierno deben contar con los recursos para estas contingencias legales. ¿Entonces responsabilidad de quien resulta el pago de las indemnizaciones laborales que año con año debe pagar por despidos injustificados u otros procesos laborales o de seguridad social?

Lo que es claro de esta situación es la opacidad del Ayuntamiento en el manejo de la situación jurídica en comento. Además, si recibió el dinero y por ello tuvo un beneficio, como resultado de la ilegalidad debe devolver lo que cobró. No es el Gobierno del Estado, por más omisión que hiciese el que salió beneficiado económicamente.

En justo Derecho y legalidad se debe regresar lo que no corresponde

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