Después de los resultados electorales intermedios y por el descontento ciudadano en general que acrecienta el desencanto en las instituciones, marco jurídico y clase política mexicana, las candidaturas ciudadanas para el 2018 parecen viables.

Tal figura ya tuvo éxito en Yucatán hace algunos años en el municipio de Yobain. En fechas recientes tomó celebridad en las elecciones donde ganó el Bronco, que de había competido por la vía ciudadana. Sin embargo, en ambos casos se trataron de dos ex príistas que, al no encontrar apoyo dentro de su partido, se separaron y usaron esa figura para llegar al cargo público.

Independiente de la lectura suele podamos dar a esa característica distintiva de los casos, bien valdría hacer una precisión que nos impida caer en un error o falacia. Es cierto que en origen todos somos ciudadanos, porque somos parte integrante de la sociedad; pero, hay una gran diferencia entre el ciudadano y aquel que logra ostentar un cargo público, y por ello, ser una autoridad.

En la ideología política, fundamento del actual sistema político que tiene su base en los principios del pacto social de Juan Jacobo Rousseau se afirma: que para organización política la sociedad firma un pacto o convenio entre dos grupos, los ciudadanos, por un lado, y por el otro, el gobierno o autoridades. De tal manera que los ciudadanos depositan en el gobierno la responsabilidad de la decisión y acción política, siempre y cuando, no contraviniera a lo intereses ciudadanos, a la paz y la armonía social.

Bajo ese principio, en el régimen constitucional se establece como elemento esencial para la consolidación del Estado de Derecho una gran diferencia entre un ciudadano con la autoridad. El ciudadano tiene la absoluta libertad de hacer lo que quiera, siempre y cuando no exista ley que prohíba una determinada conducta. Por su parte, la autoridad sólo puede hacer lo que expresamente sean sus facultades que están establecidas en los marcos jurídicos vigentes.

El individuo, que es ciudadanos, que logra – por cualquier vía – ostentar un cargo, acarrea la irremediable consecuencia que deja de ser ciudadano para convertirse en una autoridad. Por lo cual ya no puede ni debe hacer lo que quiera, aún cuando lo desease. Como autoridad ahora se tiene que regirse conforme al catálogo de facultades que le limitan acciones a discreción o libre arbitrio. Esto nos asegura que las decisiones de la clase política gobernante no de extralimite en sus funciones, que al final, produzca abusos derivados del actual.

Tenemos el caso de Jaime Rodríguez Calderón, conocido como El Bronco, el primer gobernador que llega a un gobierno estatal bajo la etiqueta de candidatura ciudadana. Lleva dos renuncias de funcionarios de su gabinete en los últimos días que se suman a las cinco en menos de 5 meses de la administración. El reclamo de los estudiantes, a los que prometió transporte público gratuito, es cada vez más fuerte por el incumplimiento de su propuesta.

Esto no podría llevar a reflexionar que no necesariamente un candidato ciudadano pueda cumplir con la conducción de un gobierno. Porque al final no se trata de personalidades individuales, sino de estructuras que soportan y fundamentan una opción de gobierno. No debería ser una opción por moda, sino decisión de capacidad y de organización para tomar las riendas del ejercicio de autoridad.


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