Los partidos políticos parecen ser una gran inversión para los mexicanos, pero que al final nos proporcionan pocos beneficios. En días pasados el INE dio a conocer el monto de presupuesto que tendrán los partidos políticos para el 2018, año de campaña presidencial. En total se va a distribuir entre las fuerzas políticas de México unos 6 mil millones de pesos. Una cantidad que es más alta que lo destinado, entre los programas sociales, al que atiende el combate del hambre, la pobreza alimentaria en el país.

Dentro de este contexto destaca igualmente el resultado de las auditorías al padrón de militantes de los partidos políticos. Ahora resulta que no existen padrones confiables de militantes. Algunos ya muertos, otros sin derechos políticos activos por sentencias judiciales. Muchos que ya no son militantes pero sus nombres todavía están en sus listados. ¿Cuál es la seriedad de los partidos en cuantos su organización y control de sus propios militantes?

Sin duda la democracia en México es muy cara y con pocos beneficios.

La partidocracia mexicana se ha apoderado de la acción política. Es su seno se analizan y tomas las decisiones que permean en las instituciones de la administración pública.

Lo peor es que queda atrás el interés general y público de la ciudadanía al estar sujeto el proceso de toma de decisión política a los postulados o lineamientos que dictan los partidos políticos. Pero no desde una perspectiva colegiada y general, sino de quienes monopolizan el poder dentro de aquéllos.

En un mundo ideal, los partidos políticos deberían ser las instituciones que fortalezcan la democracia y fomenten la participación ciudadana. Como instituciones organizadas y congruentes deben ser modeladoras de la sociedad y ciudadanos para lograr la sana convivencia social y satisfacción de las necesidades nacionales.

Pero el mundo ideal no corresponde con la realidad.

Se entiende que para el 2018 se tendrá una gran actividad por las campañas electorales. Gastos que serán pagados con dinero público. Sabemos que los partidos políticos reciben cuotas de sus afiliados o militantes. Lo que es del desconocimiento es a cuánto asciende los ingresos por ese medio. Inclusive los niveles de cumplimiento para determinar en qué grado existe compromiso y congruencia de la militancia hacia su partido.

Pero también subsiste el problema de que al cerrar el financiamiento público se tenga que establecer mecanismo privados para la obtención de los recursos económicos que la organización política requiere.

Pero como nos han enseñado en nuestra cultura política a desconfiar siempre de la buena fe, es por ello por lo que vemos bien que las fuerzas políticas reciban dinero del presupuesto público para evitar que los ingresos monetarios provengan de operaciones ilícitas.

Además, aún con reglas supuestamente claras con consecuencias establecidas en la ley los partidos siempre han superado los topes de campaña en lo que se puede medir y auditar. Hay que aceptar que hay ingresos, tanto en dinero y en especie, que escapa de los mecanismos de control económico.

Así que el problema no son los montos ni los mecanismos de financiamiento. El tema fundamental es la carencia de honestidad y probidad en el manejo de los recursos públicos en el seno de los partidos políticos.

Lo que lleva a una pregunta que debería ir más allá de lo retórico para aterrizar a lo práctico.

Si los partidos políticos no pueden manejar de forma pertinente y adecuada el dinero público que reciben ¿cómo nos pueden garantizar que siendo gobierno se respetarán los recursos del erario con pulcritud?

¡Es cuánto!


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