Enrique Vidales 24 octubre, 2018

Sobre la consulta del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México me viene a la mente las siguientes preguntas:

¿Podemos comprender a cabalidad las consecuencias de la decisión que se consulta sobre el tema del nuevo aeropuerto?

¿Los ciudadanos cuentan con todos los elementos de conocimiento y análisis técnico de los organismos internacionales y regulatorios del espacio aéreo para determinar la viabilidad de las propuestas de aeropuertos sometidas a la consulta?

¿Cuáles son las atribuciones y facultades de una empresa privada, que por tal es lucrativa, para la elaboración, operación y análisis de una consulta ciudadana?

¿Cómo podemos estar seguros de que el proceso de cultura cuenta con los mecanismos de control y de certidumbre en el manejo de los resultados?

¿Bastará una mínima representación electiva suficiente para considerar el resultado que se obtenga es la percepción general de la población?

Lo que me lleva a concluir las siguientes consideraciones:

  1. En una democracia el pueblo elige a un gobierno para que este último tome las mejores decisiones que satisfagan las necesidades e interés general y público a favor de los ciudadanos. Como tal tiene una responsabilidad que debe asumir en su tarea de gobierno. No es admisible que tenga que estar cuestionando a la gobernados en aspectos que son técnicos y que por consecuencia está alejada la cuestión del conocimiento y la experiencia para emitir el ciudadano una resolución u opinión razonable, informada y pertinente.
  2. Preocupa que la “consulta” esté siendo organizada, operada y procesada por una empresa privada contratada por un cliente que ya tiene sesgada su decisión hacia la base aérea de Santa Lucía. La finalidad lucrativa junto con la regla de oro del servicio “el cliente siempre tiene la razón” los intereses de la empresa puede estar comprometidos y tendenciosos a favor de la postura del contratante. ¿Por qué no confiar en las instituciones mexicanas que son las mismas que permitieron el arribo de AMLO y Morena a la presidencia de la república?
  3. Más que una consulta abierta, plural y amplia, el ejercicio estará totalmente sesgado. No se hará el esfuerzo de instalar casillas en todas las ciudades y municipios. La muestra final será mínima y sobre la cual se extrapolará como si fuese una percepción generalizada de toda la población.

El tema del aeropuerto está cada día, mientras se acerca el día de inicio de la consulta, polarizando al país y poniendo nerviosos a los inversionistas y mercados ante la eventual cancelación de la infraestructura ya construida en Texcoco.

López Obrador, al parecer, no quiere asumir la responsabilidad para cancelar, por sí mismo, al construcción el nuevo aeropuerto CDMX y lo está dejando a la ciudadanía. ¿Entonces para que elegimos a quien encabece a un nuevo gobierno si en la praxis se consulta a la ciudadanía sobre temas de carácter técnico sin cumplir con los marcos legales correspondientes?

Además, ya nos metió en una dinámica de discusión y polarización que puede ocasionar trastornos a la estabilidad económica con lo cual desgastaría la imagen presidencial sin que la asuma como tal.

Si se considera que la construcción del aeropuerto en Texcoco en curso es un símbolo de la corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto, lo que si está en la facultad legal del gobierno federal está la investigación y por consecuencia el castigo, para que dejar impunes a los responsables, de posibles desvío de recursos y los actos de corrupción vinculados. La obra del aeropuerto de Texcoco está en construcción y su cancelación si significa de entrada pérdida de los recursos económicos ya invertidos y ejecutados, así como también, de posibles denuncias por incumplimiento de contratos por una rescisión unilateral y se tenga que cobrar las penalidades contractuales. Repercutiría en los niveles de confianza que garantizan la capacidad crediticia y financiera del país. El riesgo de una devaluación es patente. ¿Asumiría López Obrador el costo político de empezar su presidencia con una devaluación del dólar?

Por las razones expuesta y con pleno ejercicio de mi entender y capacidad de análisis de la realidad política, social y económica, me rehusó a participar en esta consulta ciudadana. En una primera instancia por no contar con elementos para darle la certidumbre y certeza jurídica que de los votos serán plenamente respetados y se sostendrá por la empresa contratada los resultados sea cual fuera, sin importar que éstos no sean los esperados por el “cliente”.

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