Pero detrás de este altruismo gubernamental se esconden las verdaderas
intenciones y riesgos para la economía del país. Vamos explicando con
calma los porqués de la aseveración anterior.

Un gobierno tiene un interés público, no empresarial. Por lo tanto, no
persigue con sus decisiones y acciones actividades con fines de lucro.
Inclusive, las empresas a su cargo, si bien requieren de una óptima
administración que disminuya costos, la finalidad de las mismas obedece a
una finalidad social que consolide beneficios a los habitantes del
Estado.

No obstante de ese carácter público del Estado. Para su operación
requiere de contar con ingresos monetarios que le faciliten su
operación. De tal manera que por medio de los impuestos y del cobro de
determinados servicios se logra captar ese dinero que el Estado
necesita. Pero también hay instrumentos financieros, como los
Certificados de Tesorería, que comprados por un consumidor ciudadano
proporciona dinero al Gobierno, que al mismo tiempo, éste último se
compromete a pagar los intereses correspondientes por el uso del capital
entregado.

En otras palabras, menos rebuscadas, el total de la cantidad de dinero
entregada por la vía de compra de CETES es parte de la deuda interna que
adquiere el Gobierno pagar a los que resulten beneficiados.

Si el plan del Gobierno es facilitar a los ciudadanos la adquisición de
CETES, en contraparte, el Gobierno tendrá más dinero para su gasto en
administración o para obra pública, pero también, adjunto a este
beneficio, se hará responsable de pagar los intereses que la misma deuda
contraiga.

¿Está el Estado mexicano consolidado para garantizar la integridad del dinero y el pago de intereses correspondientes?

Aquí hay un tema que debemos los mexicanos ser muy cuidadoso en el
análisis y la vigilancia de estos ingresos… no vaya a ser que por mucho
acaparar, al final se desequilibre la economía y nos arrastre a todos.
 


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