El caso del Patria, es un asunto totalmente privado y entre particulares

El diario ElEconomista ha dado a conocer el día de hoy un supuesto fraude por doble venta del inmueble donde se encuentra el Instituto Patria. A decir el periodista Luis Carriles esto se concretó por supuestos malos manejos en el Registro Público de la Propiedad en Yucatán. En días pasados había dado a conocer en el mismo medio los resultados de un trabajo periodístico donde señalaba lo anterior. El Gobierno del Estado había respondido que la de certidumbre jurídica y seguridad patrimonial está garantizada en el Estado. Los registros se hacen de manera electrónica, por lo cual, existe una certidumbre en cuando a su procesamiento. Afirmaba, además, que si había inconsistencias las leyes y las instituciones darían la razón a quien la tenga.

Ayer se reporta un discreto operativo en el edificio del Instituto Patria para un desalojo. Sin tener una explicación de la directiva de la escuela, encabezada por la consejera presidenta del Instituto de Transparencia de Yucatán, Susana Aguilar Covarrubias, y su esposo, David Abraham Achach resurge una situación anómala que ya había sido denunciada por la Arquidiócesis de Yucatán.

Hace aproximadamente un año, a la llegada del nuevo Arzobispo de Yucatán y en la necesidad de dar orden a los bienes supuestamente eclesiásticos, la alta jerarquía católica determinó su separación del Instituto Patria. Es de conocimiento popular que la institución había nacido por las gestiones del P. Alvaro García en la Iglesia de María Inmaculada de Campestre, contando en ese tiempo con el apoyo de la comunidad católica para su construcción y hasta del gobierno de Dulce María Sauri que cedió los terrenos a un precio preferencial por los fines educativos y vinculación religiosa. Como respuesta la directiva sostuvo que era falsa la vinculación de la Iglesia en la escuela. Que el negocio era netamente privado, asumiendo ellos la propiedad y disposición de la institución.

La cloaca de irregularidades que igualmente son del dominio público sobre la administración de la escuela se ha despedido. Despidos injustificados y falta de pagos por no contar con los recursos económicos. Embargos y más embargos precautorios que surgen de la falta de liquidez para solventar los créditos, inclusive sobre las cuotas del IMSS e Infonavit. Una institución que poseía un prestigio que fue disminuyendo por problemas internos de una administración que no estaba enfocada al fin educativo por la cual fue creada. Se cuenta en el rumor en el sector educativo privado que el dinero de la escuela servía para pagar construcciones de la casa de lo declarados propietarios en detrimento de la infraestructura de la institución.

En el caso de Susana Aguilar Covarrubias que es presidente del Instituto de Transparencia llegó a ese puesto gracias a su vinculación con diversas organizaciones sociales. Conocida en sector acomodado y altruista de Mérida ha quedado en entredicho. Se espera que prontamente presente su renuncia, para así facilitar la investigación y no dañar ni al gobierno ni a las instituciones en un asunto privado.

Se dice que la primera venta se concretó el 25 de abril y segunda apenas hace unos días, el 14 de julio. Por el tiempo y lo acción de desalojo es una muestra que el caso está tomando el rumbo de la legalidad al estar las partes conflictuadas y se quiere una resolución pronta al asunto. La autoridad ha tomado el caso y se espera que en próximo tiempo se de una resolución definitiva a un asunto que es del conocimiento popular.

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