Enrique Vidales 24 diciembre, 2015

El día de ayer nos hemos enterado por diversos medios la acusación que hace el empresario Félix Rubio Rubio por supuesta tortura de agentes de investigación de la Fiscalía del Estado de Yucatán. Esto en virtud de las investigaciones que se están ejecutando en torno a la aparición del cadáver de la joven de apenas 18 años Martha Eugenia Martínez Ávila.

Hasta el momento he conocido de dos interrogatorios. Uno que le hacen a un trabajador de taxis donde llegaron los agentes, preguntaron por la persona a entrevistar, la esposa atendió el requerimiento y les advirtió que su pareja no se encontraba. Al parecer los agentes esperaron pacientes en la calle. Cuando el señor llegó fue interrogado en la misma calle, a la luz de los vecinos que ni por enterados estaban de lo sucedía. Terminaron la pesquisa y se retiraron.

En el segundo caso, sin embargo, se acusa a los agentes de secuestro y tortura. Se pinta un panorama donde los agentes interceptaron vehículo, bajaron al aludido y lo subieron en otro auto con el rostro cubierto. Afirma que lo llevan a un lugar donde lo desnudan, le dan choques eléctricos varias veces y le ponen bolsas de nylon para asfixiarlo.

Sobre este tema en particular se hace notar que no se menciona en ningún reporte de la prensa que publicó la conferencia de prensa donde dio a conocer su denuncia que presentará documento alguno, certificado médico de institución oficial acreditada en esos asuntos, que avalen materialmente los signos que deben ser visibles de la tortura por los actos que se cometieron durante ésta.

No es que se desconfíe de su palabra. Sino que, para el caso de una investigación criminal, y especialmente en la denuncia grave de tortura, se debe contar con elementos fehacientes, evidentes y contundentes que avalen lo que uno dice y denuncia. Esto es importante y primordial para dar certidumbre a la denuncia misma.

Con el nuevo sistema penal acusatorio los agentes de investigación ya pueden ser careados de forma directa dentro de un proceso penal en audiencia pública. Tal medida se espera que sean más cuidadosos en el momento de hacer las investigaciones correspondientes. El proceso penal da mucha importancia y prioridad a los Derechos Humanos, que hasta por lo mismo ha sido criticado por la sociedad.

El nivel de denuncia por tortura ha disminuido. A lo largo de la implementación del proceso acusatorio – adversarial no se había escuchado esgrimir ese argumento en los detenidos, inclusive en aquellos que han sido puesto a disposición de los jueces en casos de flagrancia en las audiencias de control de detención.

Es por ello, que desde Mi Punto de Vista vamos a estar muy atentos de esta situación. Ojalá que se presenten ante los medios evidencias contundentes y fehacientes de lo dicho. No basta solo decir para acusar, sino que el mismo sistema penal y la cultura jurídica que impone hoy más que nunca, que el que acusa está obligado a probar.

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