En la izquierda hay la represión y delincuencia organizada

estudiantesnormalistasUna recomendación al escribir un análisis objetivo de la realidad es no estar molesto, iracundo, frustrado o encanijado. Ante la lamentable situación de Iguala,  la profunda decepción por los hechos violentos contra estudiantes normalistas es un factor que mueve el ánimo y la confianza en las instituciones políticas. El repudio es total por tratarse de vidas inocentes, que tenían planes de futuro y contribución a la sociedad, que no estaban participando de una manifestación por lo cual se intente justificar una acción de represión directa. No hay palabras que puedan englobar los sentimientos encontrados por un hecho que se creía superado en el país.

Aquí hay varias responsabilidades en los tres niveles de gobierno. Especialmente en el partido del PRD que ha reconocido en palabras de su nuevo dirigente, Carlos Navarrete, que se equivocaron en la selección de la autoridad que ganó en una elección. Palabras que llegan tarde cuando ya había existido previamente una solicitud de juicio político contra el alcalde de Iguala y el Congreso le dio carpetazo. Inadmisible que hoy se pretenda disculpar por su equivocación cuando el gobierno de extracción perredista no quiso investigar las viarias desapariciones de individuos en esa localidad.

“En el PRD también se asesina” – parece que al final es una conclusión que enloda la credibilidad de una institución que se decía diferente a quienes criticaba por el uso excesivo de la fuerza y la represión. Lo peor es que no hay un motivo aparente, un móvil para tal crueldad. La vinculación de los carteles de droga en las administraciones municipales ha quedado en evidencia. Ni los “amarillos” se han podido sustraer de una realidad que lastima a la democracia, que altera la paz y la armonía social.

En el caso de la federación se comete el error de la desidia, del no hacer nada si es que se tenía datos previos de los vínculos del presidente de Iguala con la delincuencia organizada. La consolidación del Estado de Derecho implica tomar decisiones contundentes y fuertes para hacer valer el imperio de la ley.

No deberíamos haber esperado que una tragedia de esta magnitud, que afecta de forma directa la emoción y estabilidad de las familias de los estudiantes normalistas; pero que también, siembra en el inconsciente colectivo una percepción negativa de los procesos democráticos, que vicia de origen a un proceso electoral federal que apenas inicia y culmina hasta el verano de 2015. ¿Hay la certeza de que la delincuencia organizada no será un factor decisivo en algunas localidades para imponer autoridades a modo? Los focos rojos están más que encendidos.

Patético el papel del gobernador Ángel Aguirre Rivero, que no quiere asumir la responsabilidad de darle certeza a que los cuerpos encontrados en las fosas comunes y clandestinas le pertenecen a los estudiantes desaparecidos. No importa que el descubrimiento de los macabros lugares sea por la declaración confesa de policías municipales que aceptan su participación en los hechos, y que además, les ubica con precisión el lugar del entierro. Es cierto que se requieren de los peritajes para la particularización de los cuerpos, pero ante la evidencia queda muy claro que algunos de esos cuerpos son de los estudiantes desaparecidos. Es la cobardía que pretende que sea la federación la que asuma la responsabilidad de dar la noticia. Una acción que se traduce en el uso conveniente de las verdades mediáticas. Cabe recordar que hasta Díaz Ordaz en su informe de gobierno después de los hechos del 2 de octubre de 1968, asumió la responsabilidad ética, moral, jurídica, política e histórica sobre las decisiones que el gobierno tomó en esos hechos que marcaron la vida política del país.

¿Tendrá Ángel Aguirre y todo el perredismo de Guerrero los “arrojos” para asumir valientemente el costo político de la omisión y solapamiento?

Al final el agravio no es sólo para las familias, sino para todos los mexicanos que no debemos ser indiferentes ni solapadores de una barbarie que se debe evitar, que se creía superada en un país de instituciones y con más valores democráticos.

AL CALCE. La historia parece cambiar las cosas. Mientras hay familias que lloran por los estudiantes desaparecidos y ejecutados por las autoridades municipales y la delincuencia organizada, el gobierno federal asume una posición de diálogo con alumnos del IPN para escuchar demandas y responder a las peticiones.

 

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