Una de las realidades que se viven en el ambiente político en la sátira de cualquier conducta, acción o declaración que emita el presidente de la república Enrique Peña Nieto. Una situación que dificulta el contacto e intercambio de información entre el gobierno y la ciudadanía.

No es nuevo el problema. Fuimos testigos durante el proceso electoral como una manifestación de estudiantes se convirtió en el movimiento #Yosoy132. Lo que pareció en aquel entonces un golpe mediático y viral – por el caso de las redes – no fue un factor determinante para el resultado de las elecciones.

Los temas de los desaparecidos de Ayotzinapa, la fuga del Joaquín Guzman Loera alias “El Chapo” y la creciente subida de precio del dólar han acaparado la atención y polarización en la crítica política. El campo de batalla, tal y como la afirmaba en la columna de la semana pasada, parece ya no ganarse la calle, sino apoderarse de las redes sociales para viralizar la manipulación de la verdad. Sobre la Presidencia parece que ha ganado quienes le están apostando a la incertidumbre. El resultado es que nada de lo que haga la presidencia deja satisfechos a esa mayoría y a muchos mexicanos.

Por un lado, valdría la pena el análisis de la estrategia de comunicación de la misma Presidencia de la República. El caso de los desaparecidos que se puede contextualizar desde una perspectiva del fuero común o estatal donde el gobierno, tanto de la entidad como del municipio vinculado al hecho, estaban a cargo de funcionarios perredistas. Pero los costos políticos fueron transferidos al gobierno federal.

Del caso del Chapo Guzmán se reconoce que más allá del hueco el verdadero problema es el boquete que se abrió en la administración federal. Una muestra que aún falta mucho que hacer para erradicar la corrupción en áreas estratégicas de la seguridad nacional. Los intentos de recaptura del conocido narcotraficante es una tarea sustantiva y prioritaria para recomponer el camino. Sobre este tema no está dicha la última palabra.

Resulta muy interesante observar que aún y a pesar del alza del dólar la economía no ha caído en inflación. La situación se circunscribe en la falta del billete americano en el mercado de divisas mexicano. Por lo cual, bajo la ley de la oferta y la demanda, al carecer de la moneda está se ha encarecido. Las autoridades del Banco de México por ello cuando hay una subida de precio en el dólar proceden a inyectar de éstos el mercado de divisas por medio de subastas. Lo bueno que no debemos dejar de pasar por alto es que ya no hay el control por discreción y decisión de gobierno en cuanto a la paridad de precio entre el dólar y el peso mexicano. Por la situación de estar bajo la ley de la oferta y la demanda, el aumento del dólar obedece a un reacomodo económico natural de los precios.

Como cualquier otra situación de la vida siempre hay claroscuros. Si bien hay aspectos que pueden ser cuestionados por las decisiones, acciones y resultados, debemos ser más objetivos en cuanto ha sido hasta ahora la Presidencia de Enrique Peña Nieto.

Uno de los puntos trascendentales son las reformas estructurales que marcaron la labor de negociación política y labor legislativa en los tres primeros años del actual régimen de gobierno. Han sido cambios tan importantes en diversas materias del Derecho y marco jurídico mexicano: telecomunicaciones, fiscal, financiera, educativa, energética, laboral, amparo, transparencia, política y electoral. Una transformación después de 20 años de inacción política, de solo estar discutiendo sobre la necesidad de cambio sin llegar a acciones concretas.

Es cierto igualmente que aún no estamos viendo los resultados de esas propuestas. Sin embargo, hay signos de que el camino es correcto. El subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Robert Rennhack, reconoció el miércoles pasado, que todas las reformas de México van en la dirección correcta, pero que se requerirá paciencia. Como ejemplo estimó que tendrán que pasar de tres a cinco años empezar a ver los beneficios de la reforma energética. Para el caso de la educativa los resultados estarán visibles en décadas.

La cuestión es hacer un análisis bien cuidadoso, más allá de los apasionamientos y los traumas políticos y partidistas. Es muy claro que los mexicanos tenemos una corresponsabilidad con el gobierno que resultó de un proceso legal y legítimo. No es otorgar un cheque en blanco, sino una exigencia fundamentada sobre los temas que nos interesan a los ciudadanos que se relacionan con la justicia, la legalidad, el estado de Derecho, el bien común, el beneficio social, la seguridad, certidumbre jurídica, la paz y armonía social.


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