Enrique Vidales 3 febrero, 2018

La diputada Claudia Corichi García (MC) plantea adicionar la fracción V al artículo 266 Bis del Código Penal Federal para incluir los delitos de abuso sexual y hostigamiento que sean cometidos a bordo del transporte público. 

Destacó que el transporte se ha vuelto peligroso para mujeres y niñas, quienes manifiestan ser víctimas de múltiples agresiones como chiflidos, tocamientos, palabras obscenas, acoso, intimidación, miradas lascivas, amenazas con fines sexuales, exhibicionismo y, en general, una serie de expresiones corporales o verbales que resultan ofensivas. 

Ante ello, la legisladora impulsa una iniciativa que analiza la Comisión de Justicia, en la cual expone que las usuarias enfrentan a diario conductas agresivas que las autoridades han omitido sancionar adecuadamente. 

Agrega que en los vagones del Metro existe una gran cantidad de reportes de agresiones sexuales. Según el informe a 100 días de la estrategia “30-100 contra la violencia hacia las mujeres y niñas”, los ataques se presentan con mayor regularidad en horas pico, es decir, de 6 a 10 de la mañana y de 14 a 16 horas. 

Las agresiones son cometidas al descender del vagón, subir o bajar escaleras, en andenes, en torniquetes o en pasillos de las instalaciones. 

Esta situación también se presenta en el servicio de taxis, añade, donde de igual manera hay un alto índice de violencia. Los vehículos pirata que carecen de números y placas oficiales, tarjetón de chofer a la vista, son ocasión perfecta para esos ilícitos. 

Considera que estas situaciones afectan el derecho humano a la movilidad, el cual permite a las personas decidir el transporte público que más les convenga. La autoridad está obligada a ofrecer un sistema de transporte seguro que brinde tranquilidad y protección al utilizarlo. 

Enfrentar la enorme problemática de violencia sexual en el transporte implica eliminar taxis pirata y, sobre todo, transformar el modelo de concesiones de microbuses, así como promover una cultura de denuncia de todo tipo de agresiones y/o violencia, para fortalecer el respeto, seguridad, tranquilidad y confianza de las usuarias salvaguardando su integridad física y sexual. 

“Es necesario tomar acciones en el ámbito penal, a efecto de establecer mayores penas para los agresores que se valen del transporte público para cometer sus crímenes”, finalizó la legisladora.

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