Enrique Vidales 27 septiembre, 2015

El día de ayer se efectuaron las marchas de protesta por el caso Ayotzinapa al cumplirse el primer año de esos lamentables hechos. En coincidencia, un amigo estuvo en la Ciudad de México y no solo fue un simple testigo, sino que también, compartió una serie de fotografías de los destrozos que algunos manifestantes cometieron a calor y justificación de pedir justicia para los 43 desaparecidos.

En la Constitución se resguarda como valor fundamental el Derecho a la manistación de ideas, de opinión y de protesta. Se afirma que tales derechos son de los ciudadanos que en correspondencia debe cumplir con el respeto a la paz y armonía social.

Cabe la pena entonces cuestionar el por qué se permite que se cometan actos vándalicos contra las instituciones, la integridad de los servicios públicos, los bienes patrimoniales de la ciudad, a los públicos como también a los privados..

Según el gobierno del DF no existieron incidentes de gravedad, como si los daños provocados por los manifestantes fueron poca cosa y que no representarán costos económicos su reparación. No se respeto una muestra fotográfica que se colocó en las rejas de Chapultepec para hacer conciencia de los hechos que se reclaman. Se dañaron estructuras del Paseo de la Reforma y de la nueva sede del Senado de la República. Sin ser adivinos, el gobierno tendrá que usar dinero público, que nos cuesta a todos los mexicanos, para la reparación de los daños con toda impunidad para los responsables.

Es la muestra de la ironía de nuestro país y del sistema político. Lo que se quejan de injusticias se sienten con el permiso de ellos causar injusticias contra la misma población que supuestamente defienden.

En otros países, inclusive más civilizados polítcamente hablando, el derecho de manifestación además de estar garantizado se exige pleno respeto a la vida social, los bienes e infrestructura de la ciudad. Si los manifestantes no cumplen se aplica la fuerza coactiva del Estado. Después no están quejándose de supuesta brutalidad policiaca.

No podemos pasar por alto que esta situación de los desaparecidos empezó por los liderazgos de la escuela normal de Ayotzinapa, y el supuesto compromiso adquirido por ellos, para contar con unidades de transporte para el acarreo de manifestantes a un año más del 2 de octubre. En la versión oficial del Gobierno Mexicano se responsabiliza a las autoridades de Iguala, que por vínculos con la delincuencia organizada, fueron los estudiantes entregados a sicarios que terminaron con su vida y los desaparecieron físicamente al incinerarlos.

Por su parte, el grupo de expertos de la CIDH descartando la versión oficial ya mencionada afirman que un camión secuestrado por los estudiantes servía para el traslado de droga. En consecuencia, los grupos delincuenciales interesados en la protección del cargamento fueron por su rescate con resultados adversos para los jóvenes normalistas.

Estas dos versiones no cambian el hecho que provoca o inicia esta condenable situación. Los jóvenes normalistas de nuevo ingreso azuzados por sus líderes y en una especie de novata cometían actos en contra de la paz y la seguridad de la sociedad al secuestrar unidades de transporte público. Pero tampoco significa que por esa conducta merecieran un final que resulta inhumano y a todas luces condenable.

Mientras tanto, el tema sigue dando de que hablar no solo en el pais, sino en todo el mundo. Así como también justificando actos de vanadalismo enmascarados en la lucha por supuestos derechos no respetados por el Estado, sin importar que este último no haga cumplir el respeto a la ley en beneficio de la paz, la seguridad y a los bienes públicos y privados.

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