Enrique Vidales 3 enero, 2015

ficreaEl escándalo de FICREA, una sociedad de inversión popular que fue intervenida por las autoridades financieras y declarada en quiebra y en proceso de liquidación por malas prácticas y fraude por los directivos, ha dado al conocimiento de la ciudadanía otras malas prácticas que deben ser atendidas por considerarse inadecuadas y posiblemente materia de delito. Tal es el caso del Poder Judicial del DF que invirtió en la malograda entidad financiera la cantidad de 120 millones de pesos del Fondo de Apoyo a la Administración de la Justicia.

En primera instancia hay que decir que estas sociedades de inversión populares, es decir, que no son bancos, solo protegen la cantidad ahorrada o invertida por un seguro que alcanza los 25,000 udis (alrededor de 131 mil pesos). Todos los usuarios tienen garantizada hasta el tope esa cantidad. Más allá del límite la recuperación será proporcional a lo que se consiga obtener del proceso de liquidación que contempla recuperación de cartera y venta de activos de la empresa.

Además hay que considerar que el Fondo de Apoyo para la Administración de la Justicia es el instrumento con el cual los poderes judiciales manejan los recursos económicos de las fianzas, del pago de obligaciones y subrogaciones de los ciudadanos. No es un dinero del poder judicial en sí mismo. Se conforma de los pagos de fianza, que como se dice es un pago de garantía que tiene el carácter de ser reembolsable en caso de ya no requerirse de ese dinero. Si un padre de familia tiene la obligación del pago de una pensión y no se la acepta la otra parte, para cumplir legalmente y no ser sujeto a una irresponsabilidad, debe depositarle en dicho fondo para que la persona destinataria la pueda pasar a recoger.  Lo mismo que pasa en cualquier otra obligación pecuniaria que deba ser respaldada por la instancia judicial. Con lo cual queda claro que la constitución de dicho Fondo no corresponde a un dinero propio del Poder Judicial, sino de los ciudadanos en el cumplimiento de diversas situaciones jurídicas.

Por lo que llama la atención que el Poder Judicial del Distrito Federal utilizará ese dinero para invertir en una sociedad de inversión que daba un mejor interés, a menos que dicha ganancia igualmente sea distribuida a favor de los usuarios del Fondo. Dicho instrumento no fue creado para el beneficio de la instancia judicial, sino para el cumplimiento de obligaciones de los ciudadanos, por lo cual si se usa para optimizar la ganancia de los ciudadanos está debe ser repartida en igual circunstancia del beneficio. Pero también hay que considerar que el Fondo en comento tampoco es un instrumento financiero o de naturaleza bancaria.

Lo peor es la ingenuidad cínica del presidente del máximo Tribunal de Justicia del DF, Édgar Elíaz Azar que confía en la recuperación de esa cantidad invertida en su totalidad. Alguien de su investidura y conocimiento en Derecho debe conocer mejor que nadie las reglas jurídicas del tipo de sociedad y bases contractuales.

Es muy claro que aquí existió una mala práctica en el manejo de un dinero invertido en una entidad privada buscando el máximo interés y beneficio económico a costa de los ciudadanos.

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