El Estado de Derecho es más que una condición o característica de una nación democrática. México ha vivido un proceso complejo en los ámbitos políticos, económicos y sociales. La revolución social mexicana provocó una inestabilidad por la carencia de un proyecto de nación claro y posible. La lucha se concentró en el cambio de mando o de poder, no en el establecimiento de condiciones políticas, económicas y sociales de mediano y largo plazo.

El presidencialismo sexenal que inicia con Lázaro Cárdenas logro estabilizar esa contienda de poder por la fuerza de un partido oficial que tuvo que actuar de forma hegemónica, aglutinante y vertical. Este periodo de estabilidad trajo como consecuencia un mejoramiento social. Económicamente se consolidó una clase media en aquellos que supieron aprovechar oportunidades de estudio y empleo.

Pero como todo sistema que tiene un inicio, desarrollo, y de manera cíclica, una caída, el sistema toco fondo por la hegemonía del poder de gobierno. En el entendimiento tuvo que abrirse a la competencia política y dar la opción de la llegada del poder de una fuerza opositora.

Lamentablemente esa fuerza no tuvo la valentía de asumir un papel protagónico en la reestructuración del país. Eso nos produjo 20 años de inacción política. Un estancamiento donde se crearon instituciones que mejoraron ciertos aspectos de la administración pública, pero solo de forma y no de fondo.

El electorado mexicano quiso darle una oportunidad nueva a la antigua fuerza de gobierno. El arribo del PRI se quiso manejar por los opositores como un regreso del partido de gobierno antiguo. Sin embargo, en los rasgos políticos existen diferencias entre actuación de los nuevos protagonistas políticos a los antiguos. Las reformas estructurales que conllevaron a una actualización del marco jurídico en diferentes materias substanciales con la intervención de las tres principales fuerzas políticas de la nación. Se fortaleció un consenso político donde se escuchó, analizó y se propuso alternativas que llevaron a una profunda transformación y actualización legal.

Pero se nos ha quedado mucho a deber. Se han cometido errores en las decisiones y actos de gobierno que no dejan satisfechos a miles de mexicanos que se sienten frustrados y decepciones de la clase política e instituciones del país.

Todos queremos al final una mejor sociedad, con oportunidades de desarrollo para todos, que el dinero nos proporcione lo mínimos para vivir de manera honesta y decorosa, que el gobierno se ocupe de la infraestructura de los servicios público más eficientes, cercanos con las necesidades de la población. Gobiernos que no roben, que sean honestos en el manejo del dinero público.

Parece que es mucho pedir. Pero es lo mínimo exigible para realmente consolidar una sociedad realmente democrática. Aquella que sabe dar las mismas oportunidades a todos para el desarrollo personal y social.

El camino hacia ella aún nos falta mucho. Vivimos los mexicanos enfrascados en una polarización política que solo pretende anular las acciones del contrario, sin reconocer que más allá de las diferencias hay en el fondo coincidencias. Aspectos comunes en los cuales debería sostenerse la decisión y acción política.

La coincidencia se convierte entonces es un elemento crucial en la negociación política de altura. Muy alejada de la famosa “grilla” que lastima, disminuye y obstaculiza el avance democrático.

Una coincidencia que nos permita pensar más allá de la experiencia concreta del interés partidario y político.

Una coincidencia que nos permita superar las diferencias que en muchas ocasiones son de forma y no de fondo.

Una coincidencia que nos haga pensar en todos y no en unos en particular.

Debemos dar el paso de la democracia por mayoría, hacia una democracia participativa y consensuada.


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