Enrique Vidales 22 agosto, 2018

En los últimos días, a partir del problema de pago de una deuda de la Alianza de Camioneros de Yucatán a sus proveedores de combustible y el chantaje para que sean apoyados por el gobierno del estado, ha surgido un movimiento encabezado por un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que impulsa una profunda reflexión sobre el tema y pone en la mesa de la discusión social la movilidad urbana.

¿Qué es la movilidad urbana?

Es un concepto que surge ante las problemáticas de traslado de los ciudadanos en las grandes metrópolis. El crecimiento urbano en expansión hace necesario buscar alternativas de mejora en la forma de traslado de los ciudadanos a los diferentes puntos de las ciudades. A diario vemos una cantidad de vehículos automotores cruzar las diversas arterias para desplazar a los habitantes de las metrópolis de la casa al trabajo, a la escuelas, a las plazas comerciales y muchos otros puntos de referencia geográfica.

Se dice, de acuerdo a algunos expertos en transporte citadino, que una ciudad que deje depender mucho de los vehículos es una sociedad que avanza y crecer.

Para que eso se pueda lograr se necesita de la fortaleza y consolidación de un sistema de transporte público que sustituya el traslado en automóviles, con lo cual se mejore en la calidad de aire por la disminución de los contaminantes de los motores, así como también, de la baja de estrés que provoca la alta concentración en la afluencia del tránsito citadino.

Hoy en Mérida contamos con un servicio de transporte público deficiente y muy caro en comparación con otras ciudades de México. En gran medida por la falta de compromiso de quienes tienen la concesión para operar las rutas, que no evidencian responsabilidad social ni interés de mantener un servicio que es público y de interés general.

Es cierto que los precios del combustible han subido y han impactado la economía de las familias como también en los costos de operación del transporte. Pero también hay que decir que cada vez que se discute el tema del alza se afirma que se acompañará de mejoras en la atención del usuario que implica reemplazo de las unidades obsoletas, así como también, de un mejor trato en amabilidad y respeto a los ciudadanos, especialmente estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores. Además, considerando el precio de las rutas de la Ciudad de México que se cotiza a cinco pesos el boleto, con rutas más largas y con el diésel más caro, es difícil comprender porque en Mérida se insiste mucho en que no da ganancia y se pide más y más.

Sin embargo, regresando a los compromisos para justificar la petición y autorización del alza nunca llegan a concretarse. Las condiciones del transporte público sigue igual o peor. Las unidades siguen siendo vejestorios, con evidentes deficiencias, sin cumplir con las leyes ambientales de verificación vehicular. Los operadores siguen dejando en los paraderos a los estudiantes y personas adultos mayores. Conductores groseros, antipáticos, intolerantes e insensibles a las necesidades de la población. Además, no se cuenta con la infraestructura para atender a las personas con discapacidad. No se conduce con respeto a las leyes viales, el respeto y la probidad lo que aumenta probabilidades de accidentes que ponen en riesgo a muchas personas.

El transporte público debe considerarse como las arterias que sustentan la movilidad de una ciudad. Es por eso que no debemos pasar la oportunidad para participar como sociedad responsable en los temas que nos afectan a todos, independientemente si usamos o no de forma frecuente el transporte público.

Se agradece la intención de los líderes y las agrupaciones que hacen este esfuerzo de poner en la discusión el tema de mejoramiento del transporte público justificando la necesidad de debatir el tema de la movilidad urbana. Un concepto integral que aborda varios puntos y ejes de apoyo que implica no solo la operación de las unidades de transporte público, sino que también se consideran los derechos humanos, el respeto al medio ambiente, la transparencia y rendición de cuentas por ser un servicio público de interés general. Como también el análisis de las cuestiones legales comerciales y laborales que están vinculadas a los permisionarios y concesionarios que operan las rutas.

No se olvide que el transporte público, por su naturaleza pública, es un tema del Estado. Como gobierno que cuida del interés público debe procurar las mejores condiciones para que este servicio público moderno y que garantice orden, certidumbre jurídica y seguridad para los pasajero.

Mérida, al igual que las demás poblaciones del interior del Estado han crecido no solo en la mancha urbana sino también en el número de vehículos que transitan sus calles. Analizar con fundamento y seriedad como mejorar la movilidad urbana es una necesidad que todos debemos hacer para alcanzar un estatus de mejor calidad de vida

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