Todo esto con respecto a la detención de unos jóvenes que vendían las camisetas alusivas al abucheo que recibió la Titular del Ejecutivo en la función de Campeonato de Box celebrada en el Kukulkán a finales del mes pasado.

Tenemos que tener muy claro que el Estado, que está conformado por los poderes constituidos que tienen facultades de mandar, tienen algo que los ciudadanos no tenemos: el poder de la coacción. La coacción es una característica que define y diferencia a las normas jurídicas, sustento y objeto normativo que conforman el Estado de Derecho. Los ciudadanos, en contraparte, tenemos la capacidad y los derechos de asociación, de protesta, de demanda y exigencia, de audiencia… todo para exigir con el valor de los argumentos una actuación específica de las autoridades en la resolución de nuestras necesidades. Capacidad que no implica caer en provocaciones insulsas, soeces, carentes de respeto, o lo que es peor, descalificaciones o estar sustentadas sin razones válidas y correctas.

¿En verdad vamos a creer que los jóvenes no sabían quién les había contratado para vender esas camisetas? ¿Que desconocían el tipo de producto que vendían? ¿Acaso son tan analfabetas como para no leer lo que las camisetas decían y con qué se relacionaban? Si en verdad ellos eran ignorantes del contexto con el que se relacionaba las camisetas ¿cómo las estaban vendiendo? ¿Qué decían para promocionarlas?

Con las anteriores preguntas solo pretendo establecer que es infantil pretender hoy que creamos no sabían en lo que se estaban metiendo. Posiblemente podamos cuestionar la actuación de la autoridad en su detención. Así lo intentó Rodolfo González Crespo, en el programa Mi Punto de Vista el pasado sábado, sin embargo a pregunta de Alejandro López Munguía si la actitud de los muchachos no era una provocación, el aludido aceptó esa condición y volvió a referir su cuestionamiento a la coacción que se había cometido contra esos jóvenes. Se condena un hecho que surge a partir de otro anterior causal de un comportamiento contingente.

Pero basta recordar aquel joven, Premio Nacional de la Juventud, que en acto de la premiación del mismo se negó a darle la mano al Presidente Felipe Calderón, y además, en el momento del discurso del mandatario se atrevió a gritarle “espurio”. ¿Qué hizo el Estado Mayor Presidencial? Acuérdense que rodearon el joven, lo sacaron del Palacio Nacional, lo subieron a una patrulla y lo llevaron a una Agencia del Ministerio Público en el Distrito Federal, ante la desesperación de padres y amigos que desconocieron inicialmente lo que estaba sucediendo.

¿Acaso ese grito no fue una expresión democrática relacionada íntimamente con el contexto político a inicios de la Presidencia de Calderón? ¿La actuación de la seguridad del Presidente no coaccionó y vulneró los derechos de protesta legítimos y constitucionales de un ciudadano?

¡Ahhh!... pero no faltarán panistas que dirán que eso es una falta de respeto, una provocación. Entonces ¿cuál es la diferencia entre ese caso y el que hoy nos ocupa? ¿No tendríamos que aplicar la misma regla para condenar la acción contra la investidura de una autoridad, guste o no les guste, legalmente constituida, emanada del sufragio efectivo, solemnemente tomada la propuesta y reconocida por los otros poderes del Estado con plena capacidad para ejercer sus facultades y cumplir con sus responsabilidades?

Los ciudadanos de buena paz deben condenar los hechos soeces que no aportan ninguna propuesta efectiva para consolidar la democracia. Éstos solo contribuyen al enrarecimiento de los contextos y provocan, como en este caso, una serie de acciones nacidas del poder coactivo de un gobierno que también tiene el derecho de defenderse. ¿Civilidad ante el insulto? Entiendo que se pida sangre fría en la acción de respuesta, sin embargo, ¿en lo humano que somos no cabe la posibilidad de calentarnos más de la cuenta?

Es cierto que uno puede y tiene el derecho a la manifestación. Hacerlo cerrando una calle es asumir el riesgo de un desalojo por la necesidad de liberar las mismas vías y no afectar a terceros. Algunos aplaudirán, otros condenarán. Al final lo que imperará es el punto de vista particular que surge de la percepción subjetiva e intereses propios de cada uno. Pero en el fondo queda esa acción coactiva, necesaria o no, que usa el Estado para imponer respeto a las investiduras. Es un elemento esencial, que todos en un ámbito personal de actuación usan plenamente. ¿Acaso un padre de familia no puede emplear la acción coactiva ante un insulto, desfachatez e intransigencia de un hijo, por más razón o derecho que este último tenga?

Entrar a la discusión de la ética o valor normativo que tiene esa coacción no es tema de este análisis. Lo que sí es cierto es que todos los gobiernos, no solo en México, sino hasta en los más avanzados democráticamente, han usado los mecanismos de la coacción cuando se les provoca y se les insulta.

¡Qué fácil resulta afirmar que si un gobierno no cumple, entonces se tiene el derecho a insultarlo y vejarlo, así como lo sostiene un panista integrante de los manifestantes estudiantiles para justificar ese tipo de conductas! ¿Eso es democracia? ¿Eso es altura en el debate político?

Pero qué esperanzas queda cuando la misma Presidenta del PAN en Yucatán, Magaly Cruz Nucamendi se mostró orgullosa en avenidas de la ciudad con carteles ofensivos a la persona de la Gobernadora. Usted, estimado lector, ¿mantendría un diálogo con aquellos que en plena luz del día les insulta en su persona?... la verdad, yo no lo haría.

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