Han iniciado las campañas. Con ello todo la parafernalia que significa estos actos en la vida política de la nación. Aunque no se quiera aceptar fácilmente, los seres humanos somos entidades que vivimos, nos alimentamos y sobrevivimos gracias a las costumbres, a los ritos, a los protocolos, al mismo sistema que da motivos de nuestra existencia; sin importar que para ello, en su estructura interna o externa, se tenga coherencia y lógica.

Poco a poco, surgido de las necesidades democráticas se han establecido reglas para las campañas, supuestamente más rigurosas que impidan la proliferación del juego sucio, de la sistemática descalificación, el uso indiscriminado de recursos públicos – en este punto no solo el efectivo, sino también y sobre todo, el humano –, que ensucien el proceso y lo desvíen del verdadero objetivo de una elección que es el voto ciudadano, libre y sin coacción.

Sin embargo, al parecer las cosas quedan en el mundo de los ideales, de la utopía perfecta en el solo discurso de las buenas intenciones.

En toda la prensa se lee, se escucha o se observan los llamados a no aceptar el chantaje político que coaccione la libertad para votar. Se busca con ello apelar a la conciencia ciudadana para que valore su voto, que no se deje engañar, ni manipular, que no venda su voto, ni se sienta presionado a votar en uno u otro sentido.

Según esa publicidad, los ciudadanos deberían confiar en las instituciones judiciales especializadas en la materia, que garantiza que la ley se cumpla ante una denuncia ciudadana. En el proceso federal pasado envíe una denuncia al FEPADE sobre ciertas mantas que estaban, en el día de la elección, en un lugar público contraviniendo la disposición de colocación de material publicitario.

Reconozco la diligencia de la Agencia de la Procuraduría Federal para atender la demanda, ya que de forma casi inmediata me ubicaron y pidieron elementos gráficos para sustentar lo denunciado. Se me requirió la presencia en la Agencia para la rectificación. Ahí mismo inició la decepción. Se me dijo que a sabiendas que si se había violado las disposiciones, por el simple hecho de no haber sido precisa y justamente en día de la elección la colocación no procedía tipificarse como delito electoral, a lo que consecuencia no habría ninguna responsabilidad jurídica.

¿Entonces es posible violar la ley electoral sin que se logre castigo ni sanción?

Hay que decirlo con sus palabras: En México existe impunidad, lo que al final corrompe los procedimientos y los actos. Se convierte por ello atractivo que cualquier intente violar las disposiciones legales positivas electorales, al fin y al cabo, se traduce todo en la necesidad de dar la batalla con la seguridad de arrasar para obtener el triunfo. Comportamiento no ético que reduce una fiesta cívica de importancia.

Si la ley y sus instituciones, por sus particulares características, no pueden sancionar, no olvidemos que los ciudadanos, cada día más críticos, hemos dado muestras de inteligencia y verdadero compromiso democrático sancionando con el voto esos intentos por enturbiar los procesos electorales. ¡Eso si es democracia!

AL CALCE. No se vale que abiertos los procesos a la ciudadanía no exista compromiso de apoyarlos, como ya sucedió con el Comité de Ética que no tuvo ningún interés de la ciudadanía y organismos políticos y sociales que llevó a que en la necesidad de no dejar acéfala esa instancia se eligieron a sus integrantes. No ha faltado quien critique desde el facebook los nombramientos… pero en honor a la verdad, ¿en dónde estaban esos críticos cuando era el momento de decidir y actuar?

Hoy parece que a la ciudadanía no le importa el proceso electoral. El IPEPAC se encuentra preocupado por el escaso compromiso de los ciudadanos insaculados como funcionarios de casilla ¡No están aceptando esa responsabilidad!... en la misma lógica: si el proceso está en manos de los ciudadanos y no tomamos la responsabilidad con compromiso democrático, después, ¡no nos quejemos!
 

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