Enrique Vidales 10 noviembre, 2015

El pasado domingo, como dimos a conocer oportunamente, se leyó una notificación del Arzobispo de Yucatán, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, para dar a conocer a la feligresía de las iglesias de María Inmaculada y Nuestra Señora del Líbano la terminación de la relación de la Arquidiócesis con el Instituto Patria. Una noticia que explotó en las redes sociales con diversos comentarios, tanto a favor como en contra.

Por lo inédito y trascendencia de la nota, poco a poco, se empiezan a conocer detalles de los fondos y formas que contextualizan y remarcan este conflicto entre las autoridades de la Iglesia Católica y la asociación civil que tiene la administración del Instituto Patria.

Para hacer historia, el Instituto Patria se funda por patrocinio del presbítero Álvaro García, párroco de María Inmaculada. Corría el año 1991 cuando ninguna iglesia o congregación religiosa tenía personalidad y capacidad jurídica para tener bienes. Sin embargo, existían los colegios privados católicos. Éstos se lograban constituir a partir de la creación de asociaciones o patronatos civiles que en buena fe prestaban nombre y prestigio para la conformación de la institución.

De este modo, en 1991 el Instituto Patria logró iniciar sus labores educativas con el apoyo de tres connotadas familias bajo la dirección del Padre García. Tiempo después, con la muerte de uno de los esposos, los que quedaron entonces conformaron una nueva asociación en este caso encabezada por David José Abraham Achach con el nombre de Instituto Educativo de Yucatán A.C, y a decir de algunas fuentes cercanas, se dice que la nueva organización social era a modo de su presidente, tomando con ello el control administrativo y financiero del Instituto Patria.

No pasemos por alto que para la creación de la escuela se contó con la donación de miles de meridanos, miembros de la comunidad religiosa católica para la construccion e inicial sostenimiento de la escuela. Valdría la pena ahora, a la luz de los hechos, considerar si los ahora “dueños” de Instituto Patria no cayeron entonces en un fraude o despojo patrimonial de quienes confiaron por buena fe en las recolectas que le dieron origen a la escuela. Aunque sabemos que resultaría dificil fincar una responsabilidad penal, queda en evidencia un menoscabo a la moralidad, la buena fe, y en este caso, los valores cristianos de la directiva que no cumple con la palabra pactada

En los círculos docentes es conocida la mala reputación que tienen el Instituto Patria. Por la falta de pago oportuno y menoscabar la responsabilidad de las obligaciones laborales adquiridas. Hay casos en donde los pagos se llegaban a retrasar varios meses y sin respetar los pagos que por indemnización laboral debían pagar al despedir a sus maestros. No existía estabilidad en el pago. Primero en efectivo, después con Banco del Sureste, y así sucesivamente, a lo largo de todo este tiempo, transitado por diversas instituciones bancarias, con lo cual resulta concluyente que no tenía una estabilidad en sus relaciones bancarias, y por ende, financieras.

Igualmente se comenta que la administración, en una necesidad de solucionar las crisis financieras recurrió a solicitar préstamos a los bancos, pero que sus gestiones no fueron fructíferas por no cumplir garantías de confianza para las instituciones bancarias. Por lo cual se recurrió a prestamistas e inclusive a sobre hipotecar los terrenos para acceder a préstamos con tasas de interés superiores al 10 por ciento.

A partir del escándalo se ha dado a conocer la notación de embargo al folio electrónico del predio donde está asentada la institución educativa con número 345795 a favor de Rafael José Ramos Delgado. Una fuente conocedora de la situación del colegio me ha indicado que tal embargo, efectuado el día 27 de febrero de 2015 no es más que una estrategia de la misma directiva para evitar otros que serían resultado de los incumplimientos de pago de la administración de los prestamistas. En el Registro Público de la Propiedad en el año 2006 el valor catastral del predio se tasó en 4,896,387.72 y para este año en 62,090,952.02 de acuerdo al folio de cédula 0003613677. En su haber cuenta, con la información oficial con varios embargos aún vigentes, de diferentes prestamos por diversos montos.

Toda esta situación no es nueva. Desde las gestiones del anterior arzobispo Emilio Carlos Berlíe  ya se había intentado recuperar, ahora que la Iglesia Católica tiene personalidad y capacidad jurídica el control del Instituto Patria. Sin embargo, nunca se dio a conocer públicamente.

Con el arribo de Monseñor Gustavo Rodríguez Vega muchas costumbres han estado cambiando en la forma de conducir la pastoral religiosa en la Iglesia de Yucatán. Con la salida del P. García como párroco de María Inmaculada al momento de entregar las cuentas y propiedades de dicha parroquia, podemos especular que se abrió un sismo en la comunicación entre los directivos y las autoridades eclesiales que ya había estas segundas sido complacientes con los primeros.

En lo que es un hecho, es que la información y los dichos, las interpretaciones y hasta las medias verdades y medias mentiras han aflorado de este escándalo que sacude a un sector con alto poder adquisitivo de la ciudad y la alta jerarquía católica. Lo que se conoce hasta ahora es el comunicado que fue leído y que cuenta con el aval del Arzobispo Gustavo Rodríguez. Pero ni la misma Arquidiócesis ni el Instituto hasta ahora han emitido un comunicado oficial para conocer la versión o postura de cada parte.

Mientras tanto… los datos y demás especulaciones estarán discutiéndose en las redes sociales.

Por parte de Mi Punto de Vista, queda abiertas las puertas a todos los involucrados, para que nos den a conocer lo que piensan y nos ayuden a entender este acontecimiento que resulta de interés público en la medida que es una decisión que vincula a importantes actores sociales de nuestra comunidad.

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