Después de las dictaduras en América Latina de las décadas de los 70s y 80s se configuraron las COMISIONES DE VERDAD. Dichos espacios de investigación y reflexión se destinaban a recabar la verdad histórica de aquellos gobiernos, en algunas ocasiones para culpar y sancionar penal y mediáticamente a los responsables, como también, buscar una reparación del daño a las víctimas. Aunque este último punto se limitaba en los simbólico mediante la recomposición de la imagen pública.

En el caso de Ayotzinapa, que ha marcado la política en este sexenio, mucho se ha dicho desde diferentes frentes, tanto oficiales como no oficiales, de información verídica, especulación, opiniones razonables y sin razones ni argumentos.

No importó la versión oficial. Ni siquiera que se publicaran por vía electrónica el expediente de la investigación por la Procuraduría General de la República. Bastaba provenir de la fuente oficial para desestimar los datos.

Por ello se pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA), que por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se conformó un grupo de expertos que vendría supuestamente a dar certidumbre a la investigación, el llamado Gripo Interdisciplinarios de Expertos (GIEI.)

El gran problema en fondo, es que este grupo no ha sido totalmente independiente. En los hechos se ha constituido como parte de las diferencias entre padres y familiares de los jóvenes desaparecidos en esas diferencias que sostienen contra la versión oficial del gobierno.

Como en cualquier otro proceso donde hay una contradicción, se tuvo que recurrir a una tercera opinión. Nuevamente otro grupo, ahora con el visto bueno de ambas partes – oficial y expertos de la CIDH – retomaron algunos aspectos de la investigación. En este tercer dictamen se da razón a la versión oficial con respecto al que si hubo el incendio en el basurero de Cocula. Lo que el GIEI supuestamente lo ha negado.

Reforzando el papel de parte litigante el GIEI no solo desconoce este tercer dictamen, sino que además, rompe con el gobierno. A lo que viene la siguiente pregunta ¿Qué tiene que romper el que se considera independiente?

Queda muy claro que no hay interés real para llegar a la verdad histórica y real del caso. Ni el gobierno oficial ni el GIEI, ni este nuevo grupo de expertos ha logrado desgreñar la historia integral de Ayotzinapa.

¿Por qué los estudiantes de los primeros grados de normal estaban esa fatídica noche secuestrando camiones?

¿Quiénes les habían dado las órdenes para ejecutar esas acciones?

¿Era parte de su novata, como algunos han afirmado mediáticamente?

¿En qué momento se ha extendido la investigación en lo que se refiere al entorno social de cada uno de los estudiantes? Ha habido señalamientos de la relación de algunos estudiantes con los grupos delincuenciales, lo que podría reforzar la tesis de la confusión.

En fechas recientes se ha dado a conocer una posible relación económica entre Guerreros Unidos con el abogado representante de los padres de familia.

¿No debería propiciar suspicacia e indicios que se deben investigar? ¿Cuál era y es la relación de algunos involucrados con el narcotráfico?

Hay muchas más dudas en la medida que pasa el tiempo. La confusión del papel de investigador privado a litigante representante de una parte ha provocado que se revuelvan funciones, y al final, ha afectado a la construcción de la verdad histórica.

En conclusión, los mexicanos que queremos saber la verdad, muy difícilmente lo lograremos.


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