Enrique Vidales 8 septiembre, 2018

Al inicio de este sexenio del gobierno estatal encabezado por Rolando Zapata Bello se estableció un compromiso en favor de la educación. Esto se tradujo en el anuncio y concreción de obras de infraestructura como techadumbres, mejoramiento de instalaciones y espacios aúlicos y otras que tendrían el objetivo de mejorar la calidad de la educación.

Pero ¿de qué sirve tanta infraestructura material si no se logra fortalecer el capital humano?

Con la reforma educativa de 2013 y la creación del Servicio Profesional Docente se pretendía establecer reglas claras para la certidumbre y certeza a los procesos de ingreso, promoción y permanencia de los maestros. Se configuraba un proceso de evaluación para medir el desempeño docente y así asegurarse de que los maestros sean idóneos y pertinentes para desempeñar las funciones docentes.

Yucatán, en ese entonces, se percibía en la vanguardia por ser una de las primeras entidades, que sin estar obligado por la ley, aplicaba exámenes de ingreso y la movilidad de los docentes dependía de la antigüedad y en procesos abiertos, ante los ojos y escrutinio de los maestros, las asignaciones y los cambios se realizaban.

Sin embargo, estamos poco a poco viendo una realidad que es muy diferente.

Lo que deberían ser procesos legales y justos, hoy vemos el gandalle de las autoridades educativas estatales en la disposición de las plazas que a su propia discreción están beneficiando a familiares directos e indirectos en contra de los derechos laborales y la normatividad vigente del Servicio Profesional Docente.

Ahí están los casos de la direción de educación primaria y de educación media superior encabezada por las maestras Guadalupe Quetzal y Gabriela Zapata Villalobos respectivamente y que han acomodado en plazas a sus parientes. En el caso de la primera, colocando a su propia hija y a su nuera. De Zapata Villalobos, los casos de sus hijas donde una de ellas, de nombre Gabriela Muñoz Zapata que en recién ingreso ya tiene su lugar de base en la preparatoria estatal de la CTM, su sobrino Raymundo Muñoz que es coordinador de bienestar digital y hasta del chofer Juan Carlos Canto que ya fue beneficiado por decisión de la directora de educación media superior.

Por su parte del SEP en boletines a su modo insiste en la legalidad de los procesos de asignación de plazas tanto en ingreso como la asignación de horas en el caso del nivel de secundaria.

Pero la realidad está superando lo que dicen esos boletines. Por lo menos los maestros, los que anda de pie y están en la operación del sistema educativo, conocen de casos de nepotismo, de violación a los derechos constitucionales y laborales. Un maltrato que está cansando a los maestros y que exigen la investigación y el castigo pertinente para quienes se han aprovechado de las circunstancias.

A esto se suman las quejas recurrentes de maestros contra funcionarios que están maltratando despóticamente al magisterio como señalan en contra de Roberto Bustillos y Bertha Maldonado que solapan los actos de corrupción antes mencionados.

Además hay rubros de gran opacidad como lo que está sucediendo con los maestros de base adscritos al programa de educación inicial no escolarizada, a los que pretendieron afectar sus derechos laborales con la firma de un convenio con el Conafe y ante la negativa de los maestros se ha desatado una arremetida, encabezada por la maestra Guadalupe Quetzal, que deja en indefensión a aquéllos y a más de 6,500 familias de sector vulnerable que son beneficiadas.

Todos los datos proporcionados por los maestros que han dado rostro de las demandas en las emisiones de la #MESAPANEL de Mi Punto de Vista y por las vías de correo electrónico y mensajes de WhatsApp y las redes sociales. Una intercambio que señala de manera abierta, con evidencia y contundencia la corrupción, maltrato,violación a los derechos constitucionales y laborares, abuso de autoridad y nepotismo que impera en la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.

Por todo lo mencionado y otras cosas que en el camino nos comparten maestros y vamos conociendo más a profundidad lo que sucede dentro de la Secretaría de Educación Pública, los docentes de Yucatán ya están cansados y hartos de tanta corrupción, engaño, mal trato, humillación y violaciones a los derechos de los docentes.

Mañana será el informe de gobierno de Rolando Zapata Bello y este caso, junto con los casos de ineficiencia y faltantes en recursos económicos en el sector salud, así como el caso del transporte público y la corrupción en la secretaría de cultura, merecerían unas palabras para explicar y justificar las acciones que se emprendido para corregir y castigar a los responsables.

El gobierno de Rolando Zapata, a días de concluir el mandato, no debe irse sin que se solucione estos temas y se restituya, en el caso de los maestros, los derechos constitucionales y laborales a los afectados como retirar los beneficios ilegales y corruptos de los funcionarios que están manchando la buena marcha de la gestión rolandista.

Eso se lo debe el gobernador, no solo para Yucatán sino para él mismo, en esta recta final de su gestión. Sería la salida grande de un gobernador que pone el interés público del magisterio por encima de los intereses mezquinos y corruptos de una banda que está saqueando a Yucatán.

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