Enrique Vidales 7 abril, 2015

Uno de los temas recurrentes en la mente de los ciudadanos en todo proceso electoral es el dinero. Como bien sabemos el gasto de campaña no resulta bastante oneroso para un país que tiene graves rezagos sociales, con carencias en la atención oportuna y expedita a las necesidades de sectores vulnerables de la sociedad.

Pero en cualquier país que aspira a la democracia sabe muy bien que ésta termina costando grandes cantidades de dinero. Sin entrar a la especulación si al final la inversión que hacemos por lo menos en México nos rinde posteriormente los resultados que esperamos, surge otro aspecto más importante y de inmediata atención durante el proceso de campaña. ¿Cómo podemos estar seguros que el dinero público, entregado a los partidos políticos para el fin de campaña, se encuentre dentro de los límites impuestos por la ley en la materia, al igual que sean recursos limpios y lícitos?

Para esto la autoridad electoral, el INE a nivel federal y los institutos electorales estatales, cuentan con lasUNIDADES DE FISCALIZACIÓN. De manera específica, tomada como ejemplo, el INE tiene la facultad de revisar el origen, monto, destino y aplicación de tales recursos, para comprobar que sean utilizados de manera correcta y conforme a lo establecido por la ley.

En la nueva legislación electoral la tarea recobra una importancia, ya que el hecho comprobado y evidenciado de que un mal uso de los recursos económicos, el sobre gasto del legalmente permitido o uso de fuentes ilícitas, al final pueden ocasionar la anulación de un resultado electoral.

Una fiscalización que implica no solo ser observadora pasiva de los gastos, ya que se requiere de la comprobación de los mismos. Ahora existe un Registro Nacional de Proveedores que obliga a las personas físicas o morales que vendan, enajenen, arrenden o proporcionen bienes o servicios de manera onerosa a los partidos, coaliciones o candidatos independientes, destinados para su operación ordinaria, precampañas o campañas a registrarse para poder otorgarlos. La idea es cerrar el candado a posibles desvios o procedencia ilícita de recursos que enturbien la buena marcha del proceso electoral. El proveedor que no se registre no podrá otorgar sus servicios a los partidos políticos durante este proceso electoral.

La información de los resultados de la fiscalización serán públicos. Lo que termina siendo una buena noticia, ya que será tarea de los ciudadanos estar pendientes de su actuación y constara que, por lo menos, durante este tiempo de campaña el dinero público sea bien utilizado.

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