Un dato que nos debe despertar de un letargo es reconocer que desde 1917 cuando se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el máximo orden legal mexicano, no existía ningún pronunciamiento sobre derechos de la víctima. Fue hasta 1993 cuando apareció por primera vez derechos primarios como la asistencia jurídica y la atención médica.

Es un hecho que por 76 años las víctimas habían quedado segregadas de los procesos penales. En la consolidación de un proceso penal a cargo del Estado, éste se había centrado en la conducta del criminal y la definición del delito, así como también en las penas y la prevención de la conducta criminal. La víctima se limita a ser un sujeto pasivo, sin participación activa de los procesos, sin derechos reconocidos.

De tal manera que la procuración de justicia se centraba en la condenación de la conducta criminal, del delincuente. No se daba atención a los sujetos que sufrían de los embates del sujeto criminal.

El día de hoy volvemos a ver como los “tecnicismos legales” propician que un sujeto comprobada su responsabilidad en un delito tan grave como lo es el secuestro y el homicidio salga libre. Es el caso de los secuestradores y asesinos de la hija de Nelson Vargas. Un lamentable caso que desnuda nuevamente una impartición de justicia que inclina la balanza en una sola dirección. Una dirección que lastima a los ofendidos, que no respeta el derecho de las víctimas.

Es esa la justicia que no se puede entender. El pueblo, en términos generales y por la ignorancia en el lenguaje técnico-jurídico, es incapaz de entender y comprender el por qué el sistema judicial deja libre a quienes daños a individuos y alteran la paz pública y el orden social.

Es muy claro y evidente que el nuevo sistema penal nos trae retos que son difíciles de afrontar si no empezamos a cambiar en la conciencia jurídica de los aplicadores del derecho, los fundamentales principios de las víctimas, que quienes sufren al final la pérdida de su dignidad, de su entereza, de las cosas que son importantes para ellas.

No podemos dejar de pasar la oportunidad histórica de la reivindicación de los derechos de las víctimas que deben ir más allá de los tecnicismos jurídicos.


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