ine¿Existe un tiempo fatal para ya tener listo todo el marco jurídico de la reforma política en la víspera de las próximas elecciones de 2015?

Indiscutiblemente, por más que se diga que no hay problema legal alguno, las elecciones para el 2015 están en riesgo. Lo anterior se deriva de que es necesario, para que la organización del proceso electoral cumpla a cabalidad con el principio de certidumbre jurídica, se cuente con un marco positivo, vigente y actualizado a 90 días de inicio del proceso electoral.

El problema radica en que el proceso electoral arranca en el mes de septiembre anterior a la jornada electoral, si contamos los 90 días hacia atrás agosto, julio y junio, nos ubicamos en el calendario el 30 de mayo como una de las fechas más que fatales. Más si partimos del hecho de que en diferentes entidades federativas, incluyendo nuestra entidad, hay elecciones recurrentes.

Esto conlleva que ante los cambios constitucionales de la reforma electoral federal se requiera hacer las modificaciones pertinentes a la legislación local. Es decir, cambiar el texto en la Constitución Política de Yucatán y ajustarse a las nuevas reglas de organización del Instituto Nacional Electoral de reciente creación que sustituye al IFE.

Parece que los legisladores han pasado por alto la importancia de la jerarquía de leyes mexicanas, que si bien establece la Constitución como ley suprema, que se entiende “nada por arriba, todo por debajo”, es imperativo que ante la reforma constitucional en materia política se tenga que legislar sus leyes reglamentarias y ordinarias, como al final los reglamentos operativos que dan en conjunto e integridad la certidumbre jurídica a todo el sistema electoral.

Al mismo tiempo las legislaturas, como ya se estableció anteriormente, deben hacer sus adecuaciones jurídicas. Yucatán está más que a un paso de empezar a organizar el proceso electoral local que implica la instalación del Consejo Electoral y las acciones que tienden a darle operatividad a todo el proceso electoral. Si no hay leyes nuevas – entre ordinarias y reglamentos – es claro que se tendría que iniciar y por certidumbre terminar todo el proceso con las anteriores. Lo que constituye entonces una violación al texto constitucional.

Los propios legisladores federales establecieron el 30 de abril – término del periodo ordinario de legislativo para aprobar leyes – como una fecha para ya haber legislado las leyes correspondientes a la reforma política en materia federal. Se dice que las leyes se aprobaran en periodo extraordinario. El problema es que no llega este proceso cumplir con la fecha fatídica del 30 de mayo para ya tener todo listo en el marco jurídico para dar certeza al proceso electoral.

En caso hipotético de presentarse una incertidumbre en los resultados obtenidos en la jornada electoral, como siempre ha sucedido, el perdedor alegará impurezas, errores u omisiones en los organizadores del proceso electoral. Se abre el camino a la impugnación por vía judicial ante la vacío legal de una reforma constitucional y la falta de certidumbre jurídica por un atraso en la legislación de las reglamentarias y ordinarias correspondientes.

Si algo había siempre avalado los resultados obtenidos, aún con las denuncias mediáticas y recursos utilizados por la vía judicial de los perdedores de la jornada, era la credibilidad, buena fe y capacidad técnica del Instituto Federal Electoral que inclusive llego a ser considerado como un modelo para otros países.

En el caso de Yucatán concluimos lo mismo con Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Un organismo que ha garantizado la estabilidad política y gobernabilidad en el Estado con procesos que permiten la alternancia en el poder ejecutivo, en los 106 municipios y 15 cabeceras distritales de forma legal, pacífica y segura.

A lo largo de 20 años de existencia del IFE los recursos judiciales no bastaban para modificar un resultado electoral por la buena organización de las elecciones. Hay que aceptar que eso puede cambiar si no es posible por la vía de organización pulcra despejar una mínima duda razonable. ¿Cómo se puede lograr si la definición de las leyes normativas electorales se tendrán que hacer al vapor, con la mayor celeridad?

En peligro está entonces la credibilidad electoral que garantiza la estabilidad y gobernabilidad en el país y en nuestro Estado de que no se cumpla con el término fatal para la organización del proceso electoral.

Los diputados y senadores se impusieron ellos mismos la trampa… “sin querer queriendo” nos están llevando a un estado de auténtico peligro político para el 2015.


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