Lo bueno. No hay duda que el crecimiento y desarrollo de una comunidad depende de la capacidad de inversión y trabajo que produzca riqueza, otorgue certidumbre laboral, consolide el ingreso familiar y permita una mayor competitividad en el mercado. Es por ello que el regreso de la Cervecería Yucateca, inaugurada a inicios de esta semana, es una noticia de suma importancia para el Estado.

Representa la Cervecería Yucateca una oportunidad para dinamizar nuestra economía. Genera no solo los empleos directos e indirectos que la entidad necesita; sino que también, nos permite consolidar nuevas posibilidades de hacer negocios en paralelo a las necesidades de producción y distribución de los productos. Además, nos pone en el mercado global e internacional.

Se debe reconocer que la apertura de esta nueva opción industrial se arraiga en una zona de desarrollo en el interior del Estado, no en la capital yucateca. Esto impulsa el mejoramiento social y diversifica la economía en los municipios cercanos. Descongestiona a Mérida e impulsa otras regiones de la entidad que merecen ser promovidas para un mejor desarrollo comunitario.

Lo malo. Este sexenio quedará marcado por el destino de los 43 estudiante de Ayotzinapa. No importa si fue o no el gobierno federal, mucho menos que los hechos se suscitaron en entidad y municipio perredista. Como tampoco si es verdadera o no la verdad histórica u oficial o que el expediente e investigación se hiciera pública, ni que hoy estén detenidos un centenar de involucrados.  El sistema político mexicano ha quedado en entredicho. El tema enardeció a la sociedad y las críticas y descalificación a las instituciones y clase política se replicaron tanto en territorio nacional como en el extranjero.

Por lo cual este es un caso que por sentido común no se debería cometer fallos. Pero como el sentido común es lo menos común, la situación de los detenidos es una bomba de tiempo para la administración de Peña Nieto. No se trató con el cuidado “quirúrgico” que ameritaba.

En esta semana se ha dado a conocer informes de la misma PGR que evidencia práctica de tortura en los detenidos por el caso de Ayotzinapa. Lo abre la posibilidad de que tales sujetos alcancen la libertad por contravenir sus derechos humanos y el principio del debido proceso.

No debería el gobierno federal permitir que el caso cierre con impunidad. No es conveniente ni para el sistema político porque alimentará más el hartazgo social, sino también es muy perjudicial para el PRI en el camino hacia el 2018. No hay ningún candidato presidencial del revolucionario institucional que se pueda desvincular del caso. Sin duda será un tema de campaña. Por lo cual, todo lo que ahora suceda repercutirá en el cuestionamiento durante la campaña.

Si salen libres por tortura se cae la verdad histórica y tendrá ahora si el Estado mexicano una responsabilidad directa en un asunto que nunca debió suceder.

No se podrá defender lo que ya resultará indefendible.

Lo peor. En días pasados, el INE en Yucatán emitió un exhorto a los ciudadanos para que revisen si sus nombres no se encuentran en un padrón de afiliados de partido político. Si así fuese el caso se podría usar el derecho de oposición y pedir el retiro de los datos personales. Lo que sorprende es que sea la autoridad electoral quien debe supervisar y monitorear el comportamiento de los partidos quienes piden y solicitan que los electores asuman la tarea de auditar los listados y usar el derecho que a uno le corresponde.

Valdría la pena que la misma autoridad aclare la motivación de tal exhorto. ¿Qué es lo que sabe o es de su conocimiento para pedir tal acción a los ciudadanos?

¿Los partidos políticos están manipulando listados de simpatizantes o militantes? ¿Tiene el INE evidencia de esta práctica?

De ser afirmativa la respuesta a la última pregunta ¿cuáles son las acciones o sanciones que ha emitido contra una práctica que atenta con el derecho de la libertad de afiliación partidista?

Recordemos que los partidos políticos tienen acceso al padrón electoral, por lo tanto, tienen en su poder los datos personales como dirección, clave electoral y hasta fotografía. La ley les obliga a usar este instrumento de forma responsable y discreta.

Este es un llamado que viene a confirmar que las autoridades no pueden acabar con malas prácticas en los partidos políticos.

Lo esperado. Nada nuevo en el debate de candidatos al gobierno del Estado de México. Ejercicios acartonados y aburridos. Sin nada de propuesta y mucho de ataque. Las campañas son sucias, sin fomentar un análisis crítico de propuestas.


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