Enrique Vidales 17 septiembre, 2016

 

Su nombre es María del Carmen Cruz Hernández que vive en Tlapacoyan, Veracruz. Se hizo famosa de la noche a la mañana cuando un maestro de la escuela primaria Leona Vicario la grabó cuando entraba en un salón de clase a quitarle a niños, cuyos progenitores no habían pagado la cuota de la sociedad de padres de familia, sus libros de texto gratuito.

Una situación que contraviene lo estipulado en el Artículo 3° Constitucional que afirma que la educación que imparta el Estado es gratuita y que, además, ha sido clara por las autoridades educativas con respecto a las cuotas de padres de familia que no pueden ser condicionantes para negar el servicio educativo. Esto implica la distribución del material didáctico como los libros de texto.

El vídeo que fue dado a conocer en las redes sociales es claro que la advertencia del maestro de que era incorrecto no tuvo ningún eco en la mujer que continúo despojando a los niños de sus libros de texto. Esto es un despojo que debe ser atendido como un delito por las autoridades ministeriales. Atenta contra los derechos humanos de la educación gratuita consagrados en nuestra Constitución Política.

Sin embargo, la señora demandó al maestro de abuso sexual por haberle grabado “su trasero”. El maestro en cuestión, por defender el derecho de los niños, ahora tiene que pedir su cambio de adscripción. Tiene que huir por enfrentarse a una representante de padres de familia que ha violado la ley, que ha corrompido al sistema educativo y vulnerado los derechos e interés superior de los niños.

La Sra. María del Carmen Cruz Hernández es la muestra de que la corrupción va mucho más allá de la función gubernamental. La señora presidenta de la Sociedad de Familia representa a la corrupción que existe de la sociedad que no le importa no solo violar la ley, sino también, de manipularla a la conveniencia.

¿Es correcto que el maestro sea el que tenga que salir huyendo de su centro de trabajo?

¿Han dado curso las autoridades ministeriales de Veracruz un seguimiento de una demanda totalmente improcedente y fuera de lugar en contra de un maestro que está defendiendo el derecho a la educación de los niños y niñas de la escuela Leona Vicario?

Cruz Hernández nos demuestra que no se necesita ser autoridad para violar la ley, para ser una entidad corrupta. Lo malo es que sean las autoridades quienes le den un lugar y respaldo. Cruz Hernández no puede seguir siendo Presidente de una sociedad de padres de familia. Cruz Hernández debe ser procesada judicialmente no sólo por el caso de los despojados libros, sino también de pretender usar a la autoridad judicial con denuncias falsas, improcedentes y notoriamente calumniosas y tendenciosas que buscan dañar a quien realmente defienden la ley que sustenta y fundamenta un Estado de Derecho.

Grave que los verdaderos maestros, los que quieren trabajar dentro de la normatividad legal y luchando por el respeto a los alumnos no tengan el respaldo de la autoridad educativa ni el reconocimiento social.

¿De qué sirve estar afirmando por el secretario de educación, Aurelio Nuño, que la reforma va por que va y, que no puede de forma contundente la autoridad el apoyo a cualquier maestro que si quiere hacer bien su trabajo?

Es la corrupción que más daña a nuestro país. La del ciudadano en contra del ciudadano. Donde no hay conciencia social ni respeto a sectores vulnerables como son los niños y, especialmente, su derecho a la educación.

 

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