Menores de edad sin castigo real es desproteger a las víctimas

En los últimos días se ha recrudecido el debate de los menores de edad que cometen delitos de alto impacto. En Yucatán tuvimos un caso con los jóvenes preparatorianos que se les acusa de secuestro de una persona de la tercera edad. Otro caso que ha encendido el encono social se suscitó en Veracruz. Peor por la circunstancia de que han salido libres cuatro muchachos que secuestraron, torturaron y violaron a una muchachita.

Es inexcusable que el sistema penal se convierta permisible ante casos de auténticos juniors, integrantes de familias de alto poder adquisitivo, estudiantes en colegios de prestigio y de fama por la calidad de valores que dicen que enseñan. Circunstancias que pueden acreditar que no se trata de delincuentes emanados de grupos vulnerables, de pobreza y marginación social, que por necesidad han tenido que recurrir al delito para satisfacer necesidades básicas y apremiantes.

¿Cómo concebir que un estudiante de preparatoria no sabe lo que estaba haciendo y, por lo tanto, tengamos que darles “un simple tratamiento” para que en pocos años salgan libres?

¿Hasta dónde ese “tratamiento” nos asegurará que una vez concluida la sentencia tenemos a un joven totalmente insertado adecuadamente en la sociedad?

Estos jóvenes constituyen un problema por ya poseer una mentalidad sociópata, criminal. Es la evidencia de que en existe una familia disfuncional que no fue capaz de construir y consolidar una mente social adecuada, pertinente y funcional para la interacción social.

Se debería abrir la pauta y criterios para que determinados casos de menores de edad en crímenes de alto impacto social y con circunstancias que acreditan conciencia en sus actos sean juzgados como adultos. La sociedad no debería ser permisiva en mentes que están demostrando una total falta de respeto a los valores y pautas sociales de conducta, que ponen en peligro no sólo su integridad, sino también, la dignidad de terceros ajenos.

De manera responsable, el magistrado Santiago Altamirano, encargado del sistema de justicia de niños, niñas y adolescentes en el máximo tribunal de justicia del Estado, ha estado activo con su propuesta de que ante los delitos que cometen los menores de edad los padres terminen pagando los daños y perjuicios que sus hijos cometan.

Es cierto que hay una correlación entre la conducta criminal de los menores de edad y la falta de atención de los padres de familia que por sus descuidos, conscientes o inconscientes, han provocado la inmadurez social en ellos. Es una forma sencilla de corresponsabilizar y enderezar el camino de la responsabilidad de la persona que no recae en la escuela, sino en la base de la familia, en el trabajo de los padres en velar por el bienestar integral – sustentado no sólo en la satisfacción de las necesidades físicas o económicas, sino también, en las espirituales y morales – que permitan un desarrollo e incorporación social del menor en la sociedad.

Grave que la sociedad se quede con la percepción de que las reformas judiciales ya no protegen a la víctima. Algo que parece molestar a los jueces y magistrados cuando se señala lo que la sociedad percibe ante la ineficacia de ser justos, que no es más que darle a cada quien lo que se merece.

¿Cómo justificar que hoy salgan libre cuarto jóvenes que secuestraron, torturaron y violaron a una menor de edad?

¿Cómo se le explica al padre de familia de la víctima que el sistema no ha sabido proteger el honor de su hija mancillada por mentes a todas luces criminales?

¿Qué se debe merecer un joven de 17 años con estudios preparatorianos, con alto poder adquisitivo, que no tuvo temor de secuestrar a una persona de la tercera edad?

¿Qué hubiese pasado si por la situación de secuestro la mujer, por obviedad de la edad, resultase muerta?

¿Qué se merece, por justicia, quien puso en peligro la vida de una persona?

El secuestro es un delito de alto impacto social. Conlleva un menosprecio total al ponerle precio a la devolución de la integridad y dignidad del individuo. Puede causar serios daños en la psique de la persona víctima por sentirse abandonados en las manos de mentes criminales.

No es un asunto de juegos, ni de broma.

La violación, tortura, secuestro o homicidio cometidos por un menor de edad entre los años 16 y 17, antes de los 18, merecen una sanción penal como adultos, más allá de un simple tratamiento. Son criminales que deben pagar la cuenta a la sociedad en la medida que alteran la paz social y la integridad de las víctimas.

Parecería que los jueces que soltaron a los cuatro violadores de Veracruz no son padres, ni saben del dolor, aflicción e impotencia como lo siente el padre de familia de la víctima. No me imaginó sentir ese grado de insatisfacción si fuese mi propia sangre la que es mancillada.

La justicia debería estar para proteger a las víctimas e inocentes. Las instituciones para garantizarnos la aplicación de esa justicia, que reivindica que el culpable no salga impune y se repare el daño causado.

Conceptos y principios que no queden quedar bien en los discursos para decir que vamos bien. Soltar a potenciales criminales es la muestra de la ineficiencia del sistema judicial, un contrasentido a los principios de una reforma penal que así aplicada no es fácil de entender bajo el criterio del sentido común.

Ojalá en Yucatán, por lo menos, no pase lo que ha sucedido en Veracruz. Sería sentar un mal precedente que dejaría un mal sabor de boca, de un sistema de justicia que se encuentra lejos de las víctimas, que privilegia el delito al proteger a las mentes criminales.

No podemos seguir con doble moral. Mientras estamos castigando que ahora se hagan piropos, porque eso es acoso sexual; o que mujeres den pecho a sus hijos en la calle… hoy estamos dejando sin castigo real y efectivo a quien realmente están dañando a la sociedad.

Algo estamos haciendo mal.

A %d blogueros les gusta esto: