El país está transitando un trecho peligroso. Ante un proceso electoral que como siempre se verá de suma importancia por la decisión de quien nos va a gobernar, las tres principales instituciones de procuración de justicia se encuentran acéfalas: la Procuraduría General de la República y las fiscalías Anticorrupción y la Fepade.
Por sentido común, sería más grave la ausencia del Fiscal para la Atención de los Delitos Electorales por estar en una época eminentemente electoral donde se presenta posibles actos delictivos en la materia. El zipizape de Santiago Nieto que condujo a una confrontación de las fuerzas políticas sin duda no ayuda ni al diálogo ni a la consolidación de las instituciones, mucho menos a la certidumbre y la certeza jurídica.
El retiro de la inconformidad de Santiago Nieto ante la destitución de un encargado de despacho que no cumple con los requisitos constitucionales para el cargo no puede quedarse sin analizar su legalidad. Hasta cierto punto el ex funcionario tiene el derecho de decidir continuar o no en un cargo por libre voluntad, pero el hecho jurídico de su destitución debería ser atendido con compromiso de darle a las instituciones del país una certeza.
De antemano habría que decir que en cualquier otro acto de decisión que dependa del encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, podría ser cuestionado por vía amparo al no contar con los 10 años de ejercicio profesional en la abogacía como se exige constitucionalmente para ejercer el puesto. En lo básico del estudio de derecho la capacidad jurídica para ejecutar actos legales depende sin duda de la acreditación de la personalidad jurídica para realizarlos. Esto abre un boquete legal que podría causar serios trastornos a la legalidad y el Estado de Derecho.
Tenemos el caso de las cajas de seguridad de First National Security en Cancún. Donde es más que claro que existe un atropello institucional a las garantías de seguridad jurídica, en propiedad y hasta en el elemento fundamental del sistema penal como lo es la presunción de inocencia.
No está mal que se emitan órdenes de cateo para consolidar una investigación judicial. Esto está en manos de los jueces que la obsequian con base a las sospechas e indicios de prueba que la autoridad investigadora presenta. Lo que es cuestionable es el procedimiento que permita que los terceros perjudicados tengan el derecho de defenderse. Hoy no hay certeza en lo que sucederá con las cajas ya abierta ni la forma en cómo se está haciendo el traslado y la cadena de custodia de todas las cosas que se encuentran en las cajas de seguridad.
Es por ello de que los ciudadanos califican como el “robo del siglo” la actuación de las autoridades. Si vamos la definición de ese delito que dice que se comete robo cuando se apropia de un bien sin tener derecho a ello, estamos entonces ante autoridades que se están extralimitando.
Que además genera, en tiempo electorales, una animadversión contra la federación y especialmente contra el presidente Enrique Peña Nieto, que a juzgar por sus decisiones no le importa la imagen y confianza de los ciudadanos al régimen de gobierno. Eso debería preocupar a los priistas, ya que le están sirviendo en charola de oro el triunfo a la oposición, especialmente al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
Pero que se puede hacer cuando las instituciones que deberían resguardar el interés jurídico de los ciudadanos están acéfalas y sin cumplir con la certeza y certidumbre que requieren sus procesos de decisión y ejecución de actos.
AL CALCE. Hace muchos años se desdeñaba la práctica del dedazo que se consideraba antidemocrática. Hoy en día, cuando hay más apertura a la crítica social y más participación por las vías electrónicas e institucionales, los partidos políticos se espantan y son ellos quienes ahora promueven la decisión cupular para, según ellos, no salir dañados en un proceso electoral que se vislumbra muy competitivo. Las cosas que ahora se ven.
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