Enrique Vidales 23 junio, 2017

 

Estamos cerca del 2018 y muy lejos de las grandes expectativas que se habían generado en el 2012 con el arribo del PRI a la presidencia después de 12 años de gobiernos panistas. Independiente de la situación electoral con las denuncias y señalamiento de un supuesto fraude para asegurar el triunfo de Enrique Peña Nieto, fue muy claro que se tenía que tomar las riendas de la transformación del país. Ni los foros de las reformas estructurales de Fox ni México 20-30 de Calderón había dado resultados concretos para adecuar al país, sus instituciones y marcos jurídicos, a los retos de la globalidad, la competitividad y la productividad.

El Pacto por México, convocado por Peña Nieto en el momento de la toma de protesta significó una mesa de diálogo y decisión que nos llevó, durante los dos primeros años, a reformar gran parte del marco jurídico en áreas tan importantes y clave para la nación: telecomunicaciones, educación, energética, la política – electoral, amparo, financiera por mencionar algunas.

En esos días, aún y a pesar de las diferencias ideológicas y propositivas entre los partidos políticos, sembraban un panorama de desarrollo y superación de la inacción que por 18 años habían estancado los cambios que el país necesitaba. Era un signo de madurez democrática en lo que algunos llamaban el camino a la consolidación de la democracia.

Pero se suscitó un hecho que, sin ser una responsabilidad directa del Ejecutivo Federal, por la forma errónea de manejar la crisis y la falta de estrategia de comunicación en este mundo de las redes sociales, vino a trastocar la armonía en el diálogo entre las fuerzas políticas. La noche de Iguala donde la delincuencia organizada en gobiernos municipal y estatal perredista mataron a 43 estudiantes.

El impacto fue duro y contundente. La sociedad reaccionó en contra del Estado Mexicano y lo que pudiese reconocerse como puntos positivos, el cuestionamiento empezó a ser directo contra la figura presidencial.

Se ha acusado mucho a la presidencia en el uso de las redes sociales aduciendo que hay una estrategia para el posicionamiento positivo de la imagen de Peña Nieto. Quien crea esto parece que vive en otro mundo. Las redes sociales no han sido benevolentes para la presidencia. Al contrario, la denostación y la descalificación se van recrudeciendo día a día con y sin razón.

A esto hay que aceptar que algunas medidas de las reformas que prometían grandes beneficios no dejan satisfechos a los ciudadanos. El pago de la energía eléctrica no disminuye. Tampoco el gas natural que en últimas fechas ha tenido un aumento al precio. Sobre la gasolina ni hablar. Todos fuimos testigos de la inestabilidad social en los primeros días del año cuando se anunció un aumento en las gasolinas y creo la incertidumbre por la eminente liberación del precio. Esto afecta de modo general a la economía familiar.

Para rematar la percepción a favor del PRI se desplomó por los gobernadores corruptos. Una generación de jóvenes priistas que se presumía como parte de una nueva camada de políticos más honestos, más honrados y comprometidos con los ciudadanos. No importa que el gobierno federal los tenga detenidos, algunos ya en proceso en México, otros en espera de la extradición a la jurisdicción. El daño en la percepción contra el PRI estaba hecho y continuará deteriorándose en la medida que seamos conocedores de los detalles de los desfalcos del erario en las entidades afectadas.

Los resultados en el proceso 2017 están claros. La intención del voto en una zona de alta concentración priista como el Estado de México decayó tanto que aún con el triunfo se tiene un sabor de derrota.

Se acerca día a día el proceso electoral 2018. Es claro que si fuesen las elecciones el antipriismo resulta un factor que no pueden los auténticos priistas y dirigentes olvidar. Lo que abre una posibilidad no a una segunda opción, sino una tercera que ha crecido y que constituye un problema para el camino de transformación que a pesar de no dar los resultados esperados no pueden irse para atrás.

Por cual el PRI tiene el gran reto de replantearse el contacto no solo con su militancia sino con la ciudadanía. Es necesario reconstruir la cercanía con los ciudadanos. Abrir un diálogo más abierto y honesto si es que quiere conservar la presidencia de México. La clave para la sobrevivencia es la selección del candidato presidencial.

La seducción del control hegemónico es el peor escenario para el priismo. La sensación de una decisión unilateral resultará una imposición que no garantiza que el voto duro del partido permanezca fiel. El “dedazo” es un tiro de gracia para hundirse en la desconfianza social.

Hay quienes así lo han entendido y plantean la necesidad de un proceso selectivo de candidatos más abierto a la militancia. No es cuestión de ser rebeldes, sino por el contrario, estar conscientes del reto electoral y la necesidad de recuperar la confianza contra un populismo que se ve venir y es peligroso para el país.

La dirigencia del PRI no puede desechar de facto a quienes con voz crítica quieren encontrar las alternativas para salir victoriosos en el próximo desafío electoral en 2018. Ya no se tratará de perder gubernaturas, sino la presidencia de México.

Es cierto… si el PRI quiere ganar en el 2018 tienen los mismos priistas que recuperar al partido y acercarlo a la ciudadanía.

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