No hay justificación para la justicia por propia mano

Hace algunos días escribí el artículo “Justicieros, un peligro para México” publicado en la Internet en el portal de Mi Punto de Vista. He recibido en las redes sociales expresiones de apoyo y simpatía por las ideas expresadas en él. Pero también, hay quien descalifica las expresiones.

Sobre los últimos se extrae que la defensa por justicieros es una necesidad, hasta un derecho, para proteger la integridad de la persona y valores patrimoniales. Esto ante la incapacidad de las autoridades en la prevención del delito.

Una prevención que se cortada por la vinculación de las autoridades encargadas en dar seguridad. Esto crea un circulo más que vicioso que corrompe el Estado de Derecho, vulnera la seguridad de los ciudadanos y trastoca la paz y la armonía social que aspiramos como cualquiera otra ciudad del mundo”.

Supuestamente hemos avanzado de una sociedad que juzga y condena bajo la ley del talión y el ajuste vengativo de cuentas, para construir una comunidad basada en las instituciones y marcos jurídicos pertinentes para asegurar el castigo a quien lesiona bienes o trasgrede la libertad y vida humana.

Reconsiderar “la justicia por propia mano” es un retroceso al avance en la institucionalidad y legalidad. Si aún con los órganos de gobierno y marco jurídico se concreta un combate frontal contra la impunidad y una auténtica reparación del daño, dejar el ajuste a la subjetividad del hombre o mujer encolerizado el riesgo de una tragedia mayor que lo que se quiere evitar es latente.

Los ejemplos están claros y evidentes. Recordemos el caso de la chica adolescente en una comunidad del interior del estado que fue sometida a un gran castigo: caminar en ropa interior por las calles. Esto derivado de una supuesta infidelidad con otro hombre mayor. La esposa de éste último obligó a la adolescente a un escarmiento que trasciende la correcta aplicación de justicia, que vulnera su integridad y menoscaba los valores de la sociedad.

Se ha dado a conocer otro caso en Sonora. Ahí un grupo de mujeres fueron obligadas a caminar desnudas por las calles como escarmiento por cometer un supuesto robo. No existió denuncia, ni debido proceso, ni orden judicial que justificará un evidente atropello.

¿Debemos como sociedad ser tolerantes con estas formas de justicia por propia mano?

Es claro que aspiramos a vivir en paz y en armonía social. El marco jurídico nos debe garantizar las normas que nos permita lograr tal aspiración.

En el Senado de la República Jorge Luis Preciado del PAN quiere someter un cambio constitucional para permitir la portación de armas en vehículos y en la persona de los ciudadanos. Cree que con ello se va a acabar la delincuencia organizada si la ciudadanía se encuentra armada y presta a usar sin restricción un arma contra un potencial agresor o delincuente que lo ataque.

Tal parece que no se quiere hacer caso de la grave descomposición social que ocasiona una presión que desbordaría las tensiones. Hay que fortalecer más a las instituciones, sobretodo, las relacionadas con la seguridad pública. Dentro de ese proceso empoderar al ciudadano con una vinculación más cercana para que coparticipe en las medidas de seguridad.

La impunidad que no es un objetivo de la reforma penal disminuya lo más posible. Para esto necesitamos de policías mejor preparados y capacitados no sólo en materia de seguridad, sino también, en derechos humanos.

Es muy fácil encontrar panaceas a nuestra realidad. Pero eso fácil se puede convertir en un gran problema que nos arrastre un mayor caos.

AL CALCE. Es por ello que debemos reconocer en Escudo Yucatán una fortaleza para garantizar la conservación del clima de seguridad que vivimos los yucatecos. Estamos viendo como una estrategia global y efectiva se convierte en un factor para dar un nuevo dinamismo industrial y comercial al Estado.

Pero la tarea no es de solo el gobierno. Nos compete a todos.

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