Al inaugurar el foro “Impacto de la educación tecnológica en el desarrollo de México, su historia y perspectivas”, la presidenta de la Comisión de Educación, diputada Adela Piña Bernal (Morena), expresó que el reto en este proceso de cambio es trabajar para que los jóvenes tengan mayor acceso a la educación que, “antes que un privilegio, es un derecho”.

Sostuvo que el modelo educativo que ha imperado en México desde hace 30 años, llevó a miles de jóvenes a la exclusión escolar. Sin embargo, hay el compromiso de quien será el próximo presidente de la República para apoyar a la enseñanza y que sea una herramienta para eliminar la violencia prevaleciente en el país.

Durante el evento organizado por el diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría (Morena), Piña Bernal aseguró que es indispensable analizar el presupuesto de todas las escuelas en los distintos niveles educativos, ya que “el gobierno que aún no concluye nos deja en condiciones sumamente lamentables”.
Destacó que es importante fortalecer los bachilleratos tecnológicos, aprender de sus experiencias y potenciar sus capacidades para que contribuyan al desarrollo de las comunidades.

Señaló que la educación tecnológica en México nos remite a hablar de su importancia en el desarrollo del país, sobre todo en las zonas marginadas, donde escuelas técnicas cumplieron una labor fundamental para ayudar a combatir la marginación y el rezago.

“La educación tecnológica desde secundaria hasta nivel superior, ha producido profesionistas técnicos que contribuyen día a día en el desarrollo de la industria en las grandes ciudades, pero también en las comunidades que requieren salir del rezago”, enfatizó.

Por ello, precisó, haremos lo posible para volver a incorporar en las secundarias la educación tecnológica, así como destacar la labor que fungen los bachilleratos tecnológicos, ya que en ellos se prepararan varios jóvenes que tienen el deseo de desarrollar sus capacidades para integrarse al campo laboral.

La presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, diputada María Marivel Solís Barrera (Morena), dijo que es prioritario reforzar las políticas públicas que consideren la enseñanza superior como parte integral del sistema de ciencia, tecnología e innovación, a fin de convertirla en un elemento fundamental para el desarrollo del país.

Asimismo, comentó que es prioritaria la inclusión de los jóvenes en el quehacer educativo y para ello, “debemos ampliar la cobertura del nivel superior, crear nuevas instituciones y centros de investigación, así como consolidar los ya existentes, a fin de mejorar la competitividad, ya que México se encuentra muy por debajo de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE).

Según datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Sistema Nacional de Investigadores agrupó a 25 mil 72 investigadores, donde la producción de artículos indexados en 2015 ascendió a 18 mil 417, ubicando a México en la posición 18 de las 231 que forman parte del índice de la base de datos bibliográficos.

Estos datos constatan que nuestro país aporta el 0.57 por ciento del conocimiento generado en todo el mundo; en tanto, Estados Unidos contribuye con 23.42 de la capacidad científica. Esta comparación muestra el tamaño que tiene México en términos de su aportación científica al entorno internacional.

Recomendó incursionar en la generación de un nuevo conocimiento tecnológico que, conjuntamente con la ciencia aplicada, pueda mejorar la competitividad en el corto plazo y, por ende, salir del bajo crecimiento educativo registrado en los últimos 30 años.

“México y el mundo cambian rápidamente, las nuevas tendencias del cambio económico global exigen innovación, productividad, competitividad; por tanto, la ciencia, la educación, la innovación y el desarrollo tecnológico son indivisibles en el mundo de hoy”, acotó.

El diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría (Morena) resaltó que la educación es un derecho humano y no una mercancía, por lo que “debe ser una prioridad en la agenda pública del futuro gobierno nacional y verse reflejada en una norma que la haga fuerte y permita que nuestras instituciones en la materia crezcan y se desarrollen, así como dotar de mayor presupuesto al sector”.

Comentó que en 2006 se dedicaba el 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto a la enseñanza; para el 2012, el 3.8; y este sexenio se cierra con 3.4, lo que ilustra parte de los que se conversó en este foro.

“Hoy soy un convencido de que estamos frente a un cambio de régimen y que concluye una etapa del país y comienza otra donde, sin duda, en el tema educativo tendremos que buscar modificar reformas que nos permita echar de lado la evaluación punitiva que laceró a los docentes del país”, acotó.

Argumentó que no se debe dejar de revisar la reforma educativa y generar otra que le sirva a todas y todos los mexicanos y que permita que la educación sea palanca de movilidad social.

“Es urgente actualizar la legislación en la materia y revisar las propuestas sobre actualizar los institutos tecnológicos en México, atenderemos sus propuestas para darle a las instituciones el marco regulatorio que permita su desarrollo, así como el de las y los mexicanos”, subrayó.

“Tengan la seguridad de que su voz será escuchada, que sus reflexiones nos nutren y enriquecen y que sus propuestas de reformas y presupuesto encontrarán en nosotros aliados para trabajar en razón de lo que necesita el país, donde la educación será una prioridad para promover el desarrollo humano”, agregó.

Con el tema “Evolución de la educación tecnológica en México en el XX”, Héctor Mayagoitia Domínguez, responsable de la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), expresó: “confiamos en que la formación técnica sea de nuevo incluida como prioridad para alcanzar el desarrollo sustentable de la nación”.

Manifestó que con la infraestructura y los enfoques de la educación tecnológica, se lograron en el siglo XX los avances para que en el principio del siglo XXI se consoliden y amplíen.

Durante el foro, participaron académicos e investigadores que se pronunciaron por derogar la Ley de Educación y hacer una nueva que responda a los retos actuales y permita el surgimiento de un nuevo sistema de formación tecnológica.

Consideraron que se deben impulsar políticas públicas que fortalezcan la educación tecnológica. Además, se planteó trabajar en una Ley Nacional de Educación Superior para diferenciar la educación tecnológica de la universitaria y regular la oferta privada, que no tenga fines de lucro ni sea una mercancía.

Asimismo, se pronunciaron por destinar presupuestos suficientes que permitan orientar la educación y resolver el reto que significaría el cambio de sociedad, de régimen y de gobierno. Además, plantearon la necesidad de definir políticas públicas para encauzar la educación tecnológica, en función de las condiciones de cada región y diferenciarla de acuerdo con las necesidades de cada una.

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