Es por ello que en México se ha violentado constantemente ese principio. Según el Instituto para la Seguridad y Democracia A.C “el 40% de la población carcelaria [más de 90 mil reclusos] se encuentra en prisión sin condena, lo que le cuesta al Estado casi 6 billones de pesos, sin contar los gastos que las familias destinan a la defensa legal, el tiempo invertido en las visitas al reclusorio, la provisión de comida, el pago de seguridad al interior del penal y los sobornos a las autoridades penitenciarias.”

Sobra decir los efectos que esta realidad trae para el mismo sistema judicial y social. Cuando en un país, como el nuestro, que no ha podido vencer la corrupción en el sistema de procuración de justicia y se desata la violencia y el crimen ante la falta de coacción del Estado para un combate efectivo, las cárceles se hacinan y proliferan las peores condiciones sanitarias. Situación que muchos sufren sin que al final sean verdaderamente culpables.

Por ello es necesario modernizar el sistema penal mexicano para realmente hacer efectivo el principio de presunción de inocencia. Abandonar la aplicación análoga de la instrucción porfiriana “Mátalos en caliente… después, averiguas”.

“Usted disculpe” – no basta para remediar el tiempo perdido en un proceso judicial ante comprobada inocencia. Más con la sociedad tradicional que se da a juzgar a la ligereza, sin considerar un análisis crítico de lo que se dice y se hace. Basta que solo salga en las páginas de un medio de comunicación para que todos ya tengan un juicio condenatorio. Solo la acusación es la que se convierte en nota; la exculpación o comprobación de la inocencia, simplemente no vende. Si el dinero y la conveniencia o interés es lo que mueve al medio, entonces, la sentencia social ya está más que establecida y sostenida.

Porque la presunción de la inocencia no solo le compete al sistema judicial garantizarla. Por experiencia sabemos que a veces la “muerte social” es mucho más dañina que pasar en tiempo tras las rejas en la cárcel. La muerte social que nos aísla y nos segrega a partir de la condena de la sociedad, ya no solo afecta a uno mismo, sino que impacta a quienes alrededor conviven en torno al señalado culpable.

Como sociedad debemos dar un paso más moderno y no quedarnos en estancados en el tiempo. Inclusive como periodistas y medio de comunicación cuidar la calidad de los juicios condenatorios emitidos cuando no hay verdades plenamente comprobables, o por lo menos, ser más éticos en la investigación justa para dimensionar con la mayor verdad los acontecimientos.

Como ciudadanos, igualmente, debemos responder con mucha más crítica al analizar las cosas. Poco a poco, las redes de comunicación han logrado destruir las verdades hegemónicas. Cada día nos demos cuenta que todos podemos hablar y decir, contar nuestras propias verdades o leer otros medios alternativos para darnos cuenta que no todo es como nos lo cuentan y nos quieren hacer creer.

Hoy mucha gente, miles de mexicanos, sufren de la privación de su libertad por la falta de un sistema judicial moderno, por la falta de compromiso ético de medios de comunicación, y la carencia de los ciudadanos de realmente poner las cosas en un justo valor. Mientras no logremos equilibrar lo anterior, el principio de presunción de inocencia no será una realidad en el sistema judicial y en la vida social.

AL CALCE. Loable los esfuerzos de la sociedad civil encabezados por el Gobierno del Estado para emprender una reforma a la Constitución del Estado de Yucatán. Como suele suceder, lo que debería ser noticia por la trascendencia queda en solo una nota de boletín en algunos medios de comunicación. Reformar 43 de los poco más que 100 artículos que conforman el principal orden legal de Yucatán es darle un sentido diferente a la estructura del Gobierno, a sus órganos y funciones que serán delegadas por el mismo documento. No podemos quedar fuera de la discusión de la iniciativa ya presentada en el Congreso del Estado.
 


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