Enrique Vidales 6 diciembre, 2018

Desde un principio los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)había expresado el repudio a bajarse el sueldo ante la sugerencia del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El sustento del rechazo tiene un fundamento constitucional. La Carta Magna prohíbe, para el caso de los ministros de la SCJN, que no puede disminuirse sus ingresos durante el ejercicio del cargo.

Ahora que se ha
legislado sobre el tema, un grupo de alrededor de 600 jueces
integrantes del Poder Judicial de la Federación han presentado
demandas de amparo ante la reducción salarial.

Entendamos el
contexto:

1. De acuerdo con la
legislación laboral en materia de sueldos se establece claramente
que ante una remuneración devengada al igual que las percepciones
que se otorgan, ya como un derecho adquirido, no debe ser disminuida.
Es un principio máximo de respeto al derecho laboral de los
trabajadores.

2. Sobre el tema del
Poder Judicial pesan señalamientos de grandes abusos y de conductas
que se tipifican como tráfico de influencias y un gran nepotismo que
corrompe la esencia y constitución de los órganos jurisdiccionales.
Al respecto, Méxicos unidos contra la corrupción, han dado a
conocer en meses pasados, el alto porcentaje de puestos dentro del
organigrama de los tribunales federales y estatales, de personas que
laboran en puestos importantes y claves vinculadas ya sea familiares
o sentimentales de los jueces.

Un tráfico de
influencias y nepotismo que escandaliza y nos hace dudar sobre la
integridad jurídica y política de los tribunales y de la propia
SCJN y sus órganos como el Consejo de la Judicatura, así como
también de los órganos jurisdiccionales estatales.

De los tres poderes
del Estado, por la naturaleza técnica, el tema de los puestos del
Poder Judicial de la Federación está fuera del alcance de
observación ciudadana. Se parte del principio de confianza en
quienes tienen la responsabilidad de interpretar y aplicar la
justicia en los casos que son de su conocimiento y necesarios para
dar certeza y certidumbre legal en la resolución de los conflictos.

¿Cómo se puede
garantizar si la esencia de la conformación del Poder Judicial está
cuestionado y además calla ante las denuncias de corrupción,
nepotismo y tráfico de influencias?

Lamentablemente
tenemos que aceptar que hemos corrido el riesgo de la falta de
confianza, por lo cual es considera mejor pagarles de más a los
aplicadores de la procuración e impartición de justicia con tal de
que no caigan en la tentación de la “mordida” o del “moche”
para resolver en determinado sentido.

¿Acaso tenemos que
aceptar que tan podrida está la sociedad que no queda más que
buscar mecanismos para sobreproteger, aunque se extralimiten los
recursos, a los jueces? ¿Ya no existen entonces gente con buena fe,
comprometida con México y consigo mismo con la congruencia y los
valores éticos y morales de la buena ciudadanía?

Se entiende que se
busque proteger derechos adquiridos y se defienda, lo que por derecho
laboral es lo legal. Sin embargo, llama la atención que el Poder
Judicial se ha encerrado a sí mismo y no escucha la demanda
ciudadana de que la corrupción se hace intolerante, disminuye la
confianza en las instituciones que en conjunto vulnera el Estado de
Derecho y a los valores de la democracia.

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