“Lo barato sale caro”… tal parece que se cumple el dicho popular en contra del alcalde Renán Barrera con el caso de las luminarias, de acuerdo con la resolución sobre la suspensión que solicitará la empresa AB&C Leasing en contra de la acción de reemplazo de las luminarias.
Recordemos que como bandera para denostar a la administración anterior, políticamente Renán Barrera tomó la decisión de rescindir el contrato de arrendamiento con la empresa AB&C Leasing, es decir, de terminar de forma unilateral dicho contrato. Sin respetar formas legales dejó de pagarle desde abril bajo el supuesto de caso fortuito y de fuerza mayor, en una interpretación muy subjetiva y ajustada a sus intereses, para emprender una campaña de “Iluminemos Mérida” con un gasto mediático aún no especificado para justificar un procedimiento extra legal de adquisición directa contraviniendo principios de licitación pública dictados por la Constitución Política, reglamentado en los ordenamientos legales estatales, justificado en la interpretación jurisprudencial y aceptado por la doctrina legal y política.
Como consecuencia, la empresa AB&C Leasing promovió una suspensión ante el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán (TJEA), que resolvió bajo el principio de que un interés particular no puede estar por encima del interés colectivo que el Ayuntamiento puede continuar el reemplazo de las luminarias, pero que también, ante el resguardo y otorgamiento de certidumbre al patrimonio de la empresa en un plazo de 5 días se le debe pagar a la empresa el arrendamiento de las lámparas que no han sido cambiadas. En otras palabras, desde abril cuando el Ayuntamiento decidió por la rescisión ha estado usado un bien que le es ajeno, que bajo un contrato de arrendamiento pagaba por su uso, y por lo tanto, debe continuar pagando por éste si lo sigue usando.
¿En dónde quedo entonces la capacidad y aptitud de los consejeros legales del Alcalde que no pudieron prever este escenario?
Hoy el Ayuntamiento afirma a los ciudadanos que ha ganado un proceso judicial contra la empresa AB&C Leasing, sin embargo, calla en cuanto no dice que el fallo representa un gasto adicional de recursos económicos. Como es la costumbre no se habla con la claridad y transparencia.
Es claro que el TJEA determina una resolución salomónica y pone las cosas en un justo lugar para recuperar para ambas partes la certidumbre jurídica en cuanto a los derechos y obligaciones contraídas legalmente. En la prensa, el oficial mayor Mario Martínez Laviada insiste en que se revisará la parte de la sentencia sobre el pago, en consideración “… a que no se ve por qué debamos de pagar por un servicio ilegal y deficiente”.
Pero es evidente, hasta el momento de escribir este artículo que hay varias luminarias de la empresa AB&C Leasing que siguen funcionando en las colonias de la ciudad, por lo que cumple con su función. Además, no hay que olvidar que el contrato se derivó de una licitación pública donde dieron su autorización en ese entonces regidores panistas como Lisette Mimenza y Claudia Canto, hoy funcionarias del Ayuntamiento.
Una de las consecuencias de la decisión de rescisión de contrato legalmente fundamentado por un decisión de Cabildo, más allá de la ilegal adquisición de las nuevas luminarias, es la perdida de confianza que desde el punto de vista empresarial se estaba ganado el Ayuntamiento de Mérida.
De ahí se deriva la importancia y trascendencia de la resolución que dicta un precedente que las decisiones de gobierno se deben hacer con apego a derecho y no a capricho del gobernante en turno.
AL CALCE. Al Subdirector de Servicios Básicos de la Dirección de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Mérida, Santiago Alamilla Bazán, hay que regalarle un mapa de la ciudad de Mérida para que lo estudie muy bien. Eso de ubicar la Dolores Otero en el Oriente de la ciudad no demuestra mucho conocimiento sobre la ciudad. Lo hace ver “inepto”
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