Me imagino que para algunos el nombre del artículo es temerario. Sobretodo los que juzgan de manera positiva las acciones emprendidas por el Alcalde meridano Renán Barrera Concha. Sin embargo los invito a tener cabeza fría y pensar muy bien, aún a pesar de las buenas intenciones o buena fe, las causas y efectos de las decisiones que el presidente municipal ha tomado. Mucho más cuando en un pasado, no muy lejano, Barrera Concha se erigió como un “abogado del diablo” en la crítica de los gobiernos estatales y municipal que lo antecedieron.
En primera instancia hay que decir que Renan Barrera ha tenido todo lo que ha querido. Aún con un PAN meridano dividido por conocerle mañas de buen catrín, logró posicionarse como candidato para la alcaldía meridana. Llegó y ganó dentro de un proceso legítimo y con la promesa de que pondría orden en los temas polémicos que se heredaron de la administración pasada, como aquel de que rellenaría el hueco del distribuidor vial de la Glorieta de la Paz, y que a últimas fechas, al mandarlo a reparar con la acción avala la utilidad de la obra.
El inicio de su administración fue marcada por el despido de trabajadores que olían a príistas, sin importarle el respeto de las normas laborales y la dignidad de la persona humana. Emprendió una cacería donde Doris Candila se convirtió en el chivo expiatorio donde la denuncia y la resolución en contra de la ex funcionaria se emitió en el ámbito municipal, sin lograr que la denuncia progresara fuera de esa competencia al no existir materia al reconocerse que el dinero en cuestión si había efectivamente llegado a su destinatario.
El caso de la reasignación en la recoja de basura abrió también suspicacias. ¿Cómo era posible que una sociedad cooperativa que ocupaba un participación mínima de pronto tuviera la capacidad para atender 50,000 predios? Es el caso de mayor clarividencia mercadotécnica yucateca para invertir de 11 a 43 unidades de recolecta de basura, cuyo valor se estima cada uno en alrededor de 800 mil pesos.
Después, para solucionar los pasivos y empezar con obra pública, pidió un préstamo de 150 millones de pesos para pagarse en 15 años, que por su naturaleza requería de la autorización del Congreso del Estado. El legislativo local de mayoría príista lo recibió para escuchar sus razonamientos. De la reunión salieron como buenos amigos. El Congreso daría su aprobación. A cambio Barrera Concha se comprometía, en aras de la legalidad y la transparencia, a crear una comisión de ciudadanos para vigilar la aplicación del dinero que contaría con la participación de los diputados príistas, especialmente de los representantes de Mérida. Cuando se constituyó esa comisión no hubo invitación para los diputados. Olímpicamente – para no decirlo como se dice popularmente – se rompió el compromiso con el Congreso, aún cuando se dice que hay legisladores con experiencia y oficio político que después sólo se limitaron a lamentarse de la chamaqueada.
Ahora, por el caso de las luminarias, Barrera Concha de modo unilateral rompe un contrato que establece derechos y obligaciones de las partes que han intervenido, en este caso, del Ayuntamiento y ABC Leasing de México, la empresa que ganó un proceso de licitación pública que tenía por objeto arrendarlas, avalado por los regidores panistas de aquel entonces. Preocupa que afirmé el alcalde que no hay nada más que hablar y catalogué esta diferencia como caso cerrado, cuando siendo licenciado en derecho no le es ajeno que una rescisión de contrato debe estar plenamente sustentada en hechos objetivos derivados de un incumplimiento de los derechos y obligaciones a letra escrita en un contrato para que se ajuste a la ley. En este caso, la empresa afectada ha sido clara en cuanto al planteamiento de su obligación de proveer de las luminarias, y que el contrato no obliga a su mantenimiento, estando éste a cargo del Ayuntamiento. En consecuencia, la situación se va a tribunales, donde se puede ganar o perder en función del contenido e interpretación del contrato. En caso de perderlo el Ayuntamiento, se avecina un problema económico de gran cuantía en el pago de lo que se ha dejado de pagar, así también de daños o perjuicios que se pueden acreditar.
Pero no obstante de todo lo anterior, el Alcalde anuncia una compra de luminarias con un monto mayor a los 200 millones de pesos por medio de una adjudicación directa. Alega a su favor causas de caso fortuito, que en teoría de derecho se le reconoce como una excluyente de responsabilidad contractual derivado de una situación aleatoria de la naturaleza. Hasta donde nuestra conciencia nos permite, no hemos sabido de algún huracán, terremoto o fenómeno atmosférico que por intensidad hayan provocado la destrucción de tantas luminarias. La Ley Orgánica de los Municipios de Mérida, de donde se deben derivar los reglamentos municipales, en su artículo 77 determina que los contratos de obra pública se deben adjudicar por vía de licitación pública, a menos que sea el costo menor de 3,000 salarios mínimos (hablamos de $184,140.00 pesos). En concordancia con el espíritu del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con todo lo anterior hay duda, hasta en los mismos panistas meridanos, de cual es el verdadero interés de Renan Barrera, qué grupo político y económico resulta beneficiado de todas estas transacciones que se acusan ilegales y sucias por incumplimiento de palabra.
En conclusión, de nada sirve querer actuar de buena fe, si para ello no hago cumplir una palabra, un acuerdo, o lo más importe, dejar de actuar conforme a la ley.
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