Enrique Vidales 27 diciembre, 2016

El tiempo legal llegó. De acuerdo con la modificación legal en materia de transporte público en el Estado de Yucatán, derivado de la llegada de las plataformas tecnológicas para el servicio de transporte privado de personas, la fecha fatal para el registro de ésta fue el 25 de diciembre. Con información proporcionada el día de ayer por el Gobierno del Estado solo tres empresas solicitaron su registro: Cabify, Tho Service y Big Driver.

Uber no cumplió con la obligación del registro. En un comunicado que dicen se atribuye a Uber asegura que la ”… legislación actual limita el acceso a una opción de transporte segura y eficiente para todos aquellos que no tienen acceso a una tarjeta de crédito y restringe las oportunidades de empleo para aquellos socios que desean conducir por Mérida o crecer su negocio con más de un vehículo” … por lo cual afirman que “Uber se queda en Mérida y continuará funcionando como hasta ahora lo ha hecho”

Esto en franco desacato al marco legal vigente que los expone ahora como un servicio ilegal y pirata en total confrontación no solo contra el Gobierno del Estado sino toda la institucionalidad del Estado de Derecho en Yucatán.

Sabemos que en las redes sociales la empresa ha promovido una gran campaña no solo para conseguir nuevos chóferes que se integren al servicio, sino que también, han impulsado el posicionamiento positivo de la marca. De tal manera que existen muchos uberfans que ha polarizado las redes sociales.

Es claro que el comportamiento de Uber es la confrontación con el gobierno y los marcos legales. La victimización parece que es una característica para imponerse en la sociedad.

Ahora las instancias del Gobierno del Estado pueden detener las unidades de Uber, mandar los carros al corralón e imponer multas de hasta 40 mil pesos.

¿Por qué la empresa o central de Uber deja desprotegidos a sus chóferes?

Hoy Uber ya se ilegal en Yucatán. No debería operar ni ofrecer servicios.

El desarrollo de la tecnología trae consigo la posibilidad de cambiar modos de vida u operación de servicios cotidianos. Pero debe fortalecerse la institucionalidad que otorga un marco legal necesario para dar certidumbre a todos los involucrados en un proceso social.

El Gobierno del Estado de Yucatán, ante situaciones de confrontación que se suscitaron entre prestadores de servicios de taxis y traslado privado de personas, analizó la situación y envío una iniciativa de reforma en materia de transporte público para darle la viabilidad a todos en las características del servicio.

El Congreso hizo su parte y se aprobó dicha iniciativa. Lo que abrió el espacio de 120 días para el registro de la plataforma. Un plazo venció y Uber no cumplió.

En Yucatán debemos aspirar a ser un Estado de Derecho… el que no quiera cumplir, que se vaya.

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