Por consiguiente hay que aceptar que existe en los
ciudadanos una desconfianza en torno a las acciones de las autoridades en
cualquier de los tres niveles de gobierno. Pero si bien podrían haber motivos
de ello, también debe ser cierto que dejar las cosas así como están abren más
la posibilidad de la delincuencia muy bien organizada ganen una batalla contra
la decencia y las buenas costumbres de los mexicanos.

Como Estado se tiene la obligación de establecer las
políticas de seguridad. Pero tampoco es una acción que solo le competa a una
persona, ya que hay tres poderes en nuestro sistema político que se deben
articular para el beneficio de toda la sociedad. De este modo, el Poder
Ejecutivo no puede hacer acciones si no están contempladas de forma clara y
precisa en las leyes, al final, los acotamientos que definen los campos de
acción del gobierno y sociedad misma.

Para que las leyes existan se necesita del compromiso
democrático de los cuerpos legislativos, que si bien ya son plurales en su
conformación por la consolidación de la competencia electoral, las diferencias
ideológicas configuran esquemas de mucho debate pero con poco entendimiento de
las partes para consensar los acuerdos de lo que necesitamos como país.

Pero tampoco se debe exonerar de responsabilidad al sistema
judicial. La impunidad en la persecución de los delitos alienta la
delincuencia. Esta es una premisa que no necesita comprobación ni estadísticas
para estar seguros de ella. Con cargas procesales pesadas que alargan procesos
judiciales, donde el que tiene el dinero o el acceso del poder es mucho más
fácil de imponer una verdad en contraparte de miserables que no tienen esos
recursos. No hay equidad ni justicia.

Hay quienes se declaran a favor de penas más severas,
inclusive con la tolerancia cera o la pena de muerte. La verdad, si todos nos
comprometiéramos a luchar contra la inseguridad, autoridades de todos los
niveles poderes del Estado – ejecutivo, legislativo y judicial – junto con
todos los buenos ciudadanos sin excepción, hoy tendríamos un país mucho más
seguro para nosotros y nuestros hijos.

Sin embargo, lo que vemos es el escrutinio hacia las
autoridades por no hacer nada al respecto, cuando también como sociedad dejamos
que muchas cosas sucedan alentadas por que resulta mejor no denunciar. Claro
que hay razones de desconfianza, pero la delincuencia nace en la calle, en los
barrios, en la misma casa de uno cuando no hacemos nada al respecto.

Reconozcamos, todos, que algo ha fallado en la sociedad que
hoy nos está quitando la paz social que durante años hemos gozado, y que nos
caracteriza, a los ciudadanos que vivimos en Yucatán. A partir de ahí,
convoquemos a un nuevo pacto social, entre autoridades y ciudadanos, para
trabajar a favor de Yucatán, a olvidar nuestros rencillas y rencores personales
en la construcción de un sociedad más justa, equitativa en la procuración de
justicia, con compromiso de todos de colaborar mutuamente en la persecución de
los delitos.

No queremos ver más retenes, ni policías que nos presumen
armas largas, ni operativos simulacros que en lugar de tranquilizar nos alteran
la dinámica social.

Todavía estamos a tiempo para ser un ejemplo a todo México,
que los yucatecos si somos en esencia gente tranquila y pacífica. Recuperemos
nuestra armonía social y paz que siempre hemos presumido.

 


Espero que esta publicación sea de tu interés. Me gustaría seguir en contacto contigo. Por lo cual te dejo mis principales redes para dialogar y comentar los temas de interés para la sociedad y nosotros.