¿Viable la legalización de la mariguana para uso medicinal?

Al inicio de la semana pasada el presidente de México, Enrique Peña Nieto, participó en la Asamblea General de la ONU en una sesión especial relacionada con el tema de las drogas. A nivel global se reconoce que la batalla contra la producción y distribución no está ocasionando resultados efectivos. Al contrario, la población ha sufrido de los embates de los cuerpos de seguridad y de la delincuencia organizada dedicada a esas actividades.

México no es la excepción de esa realidad. La estrategia de combate contra las drogas en el supuesto de intentar recuperar las calles, la paz y armonía social ha causado más de 75 mil bajas tanto en los bandos de los delincuentes como miembros de seguridad social, funcionarios públicos e inocentes sin importar si son hombres, mujeres y niños.

Para el caso de México se han dado a conocer medidas muy precisas sobre el tema. Se reconoce que las drogas constituyen un problema mundial que la comunidad internacional refrende el principio de responsabilidad común y compartida, mediante una cooperación internacional más intensa y efectiva. Por lo cual es necesario reforzar el frente común ante la delincuencia organizada transnacional, para cerrar espacios a sus operaciones financieras y delitos conexos. Hay que intensificar la cooperación entre los gobiernos y ampliar el intercambio de información y acciones conjuntas, para desmantelar las organizaciones delincuenciales.

Se propone ahora centrarse en la prevención, sobre todo en las comunidades vulnerables por el crimen organizado. Esta prevención no sólo debe enfocarse a campañas de concientización. Se requiere de dar apoyo con alternativas educativas, laborales y recreativas, que fortalezcan la inclusión y la cohesión social. Lo que los políticos y sociólogos han llamado la recomposición del tejido social.

De forma muy especial se hace un pronunciamiento desde una perspectiva de los Derechos Humanos que obliga a considerar cambios en el paradigma prohibicionista. En México existe hasta ahora una incongruencia. Mientras la Ley de Salud permite el consumo personal y la portación de la mariguana – la principal droga que circula en el país –, en el ámbito penal se sanciona la producción, distribución y hasta la compra o adquisición. Con lo cual se criminaliza al consumidor. En el fallo de la SCJN relacionado con el uso lúdico y medicinal del cannabis en favor de una niña fue clara en resolver y amparar con la justicia federal a usuarios de la droga para uso personal.

Es por ello que el consumo de drogas debe atenderse esencialmente, como un problema de salud pública, toda vez que constituye una amenaza para el desarrollo pleno de las personas, especialmente de niños y jóvenes. La adicción a las drogas debe atenderse con mecanismos de prevención y soluciones terapéuticas integrales, no con instrumentos penales, que criminalizan a los consumidores y dañan el desarrollo de su personalidad.

Se abre la opción del uso medicinal de las drogas especialmente en el caso de la mariguana que, según estudios médicos profesionales y pertinentes, reconocen en sus resultados la idoneidad de la sustancia química de la mariguana en el tratamiento de algunos males de salud.

Esto debe significar una claudicación en el ataque a la producción y distribución. Los que están a favor de una legislación integral de las drogas para consumo humano sostienen que la medida disminuirá el poder de los grupos delincuenciales. Es la tesis de que la prohibición no causa resultados favorables. La historia nos ha dado una lección en el hecho histórico de la prohibición del alcohol en USA y la historia de la mafia en Chicago con el famoso Al Capone en la primera mitad del siglo pasado.

Pero no deberíamos ver de forma simple la legalización de las drogas. De nada sirve la liberación eventual del consumo de la mariguana si no hay una política pública adecuada y pertinente en cuanto al consumo. La realidad en el país sobre el tema de las drogas es el aumento en el consumo. Dejamos de ser en los últimos 10 años un país de tránsito de droga de los países sudamericanos a los Estados Unidos sin que existan políticas claras en cuanto a la prevención efectiva e integral.

La rehabilitación del consumidor de drogas es privada y para alto poder adquisitivo. No existe mecanismos e instrumentos públicos para atenderla. El Estado no ha querido invertir en un proceso de naturaleza incierta. Como tampoco ha logrado atajar las redes financieras de los grupos delincuenciales. Sobre el último punto expresado sabemos que la simple aprensión de un capo, por más grande o jefe que sea, sin menoscabar la operación monetaria y las redes de lavado de dinero y financiera lo único que se provoca es cambio de mando, ya que las operaciones continúan.

La legalización del uso medicinal igualmente nos abre nuevas interrogantes que aún no han sido resueltas por la autoridad. Es lógico que para usar la mariguana para fines medicinales implica la necesidad de contar con el insumo. Es decir, no se ha podido especificar con claridad quiénes y de qué manera las productoras de los medicamentos tomarán la materia prima. Esto implica una regularización en la producción de mariguana que muchos consideran es una legalización de facto de la droga en la producción, distribución y facturación.

Como vemos el tema aún no está concluido en su análisis y perspectivas. Por lo menos se ha puesto en la discusión y acciones. Es claro que no podemos seguir en la línea en que nos encontrábamos. Hay urgencia en atender el consumo con una nueva visión y acciones integrales. Falta considerar el aspecto de la batalla en los aspectos financieros para acotar a los grupos delincuenciales, así como mejorar los procesos de investigación y procesos judiciales para abatir la impunidad en los delitos asociados a la producción y distribución ilegal de las drogas.

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