Enrique Vidales 30 septiembre, 2016

 

Es algo que se veía venir. De hecho, sucedió un primer acto violento. Pero la reacción de las instituciones de gobierno, en este caso, de los poderes ejecutivo y legislativo en Yucatán dieron una pronta respuesta y se modificó el marco jurídico del transporte público, con lo cual se certidumbre a la entrada de las plataformas digitales en el servicio de transporte de personas.

El tema se ha centrado en Uber, que es la más famosa por el uso de las redes sociales y es más conocida por los problemas que se ha presentado en los lugares en donde ha iniciado su operación. No es decir que ellos sean los responsables de los actos violentos. Es claro que la tecnología y la globalidad producen nuevos esquemas de negocios que vienen a revolucionar los ya establecidos.

En el caso del transporte por taxis se entiende que hay un interés público que implica una responsabilidad del Estado en la protección para la certidumbre y seguridad de usuarios y operadores. En varios países y ciudades del mundo existe el servicio de traslado de personas que funciona a partir de asociaciones, sindicatos o cooperativas. Reglas que de que una u otra manera vienen operando y funcionando.

Cuando se anunció la entrada de Uber y de otras plataformas, parecía que el Frente Único del Volante asumía el reto de la competencia. Anunció la creación de su propia plataforma electrónica y se dijo preparada para una competencia abierta. Sin embargo, la situación se puso tensa con la agresión a un conductor en el aeropuerto de Mérida. Ahí inicia en los medios de las redes sociales una discusión y rechazo a la violencia y se asume mediáticamente una responsabilidad del FUTV por los hechos.

Como resultado el Gobierno del Estado presenta una iniciativa de ley para modernizar la Ley del Transporte Público. Lo que tampoco estuvo exenta de polémica por que la defensa que asume la bancada del PAN a favor de Uber de forma específica. Algo que ha llamado la atención y que en la voz popular provoca que se piense que hay una vinculación entre esta empresa trasnacional con algunas personalidades del blanquiazul. Por lo cual se cree que hay intereses individuales y específicos para reventar el asunto.

Contra lo que podría esperarse la ley salió y hasta el reglamento se modificó para complementar el marco jurídico. En la misma ley se determinó un plazo de 120 días para la regularización que vence el próximo 25 de diciembre. A partir de esa fecha, los operadores de las plataformas electrónicas deberán cumplir con las disposiciones legales que permiten otorgar el servicio.

La publicación viral de un video del líder de la FUTV en contra de Uber y los hechos violentos de la semana pasada en contra de un chófer de Uber, volvieron a encender la mecha de la inconformidad social. Sin mayor análisis se le asumió al volante la responsabilidad de los hechos. Como respuesta el FUTV convocó, junto con otros grupos de taxistas, una protesta para “sacar a Uber” ya no solo de Yucatán, sino de México.

¿Qué es lo que ha pasado entonces? ¿Qué es lo que provoca que lo que ya está legislado y regulado hoy sea cuestionado?

En lo personal me consta que hay unidades de Uber con placas de otros estados operando en Yucatán, lo que es contrario a la ley. Igualmente se sabe que hay operadores de Uber que han retorcido la propia operación tecnológica para ofrecer el servicio de forma descarada en grupos de redes sociales como el Facebook para cobrar en efectivo y fuera de la plataforma. Comportamiento que podría calificarse como taxis piratas.

Asuntos que deben ser vigilados y encauzados por las vías de las instituciones y procedimientos legales. Aún estamos en un periodo de gracia para la aplicación estricta de la ley, por lo cual estos asuntos deben irse resolviendo de forma paulatina.

El Gobierno del Estado actúo rápido y logró la detención de los presuntos responsables de los hechos violentos de la semana pasada en un plazo de 24 horas. Estos ya fueron imputados y se espera que al salir este medio de análisis políticos ya sean vinculados a proceso. Es la vía legal la forma de resolver asuntos de esta índole.

Yucatán ha mostrado interés en resolver el asunto de forma legal y por la vía de las instituciones. La protesta y la incitación a los actos de violencia no se justifican, ni se deben tolerar. Lo peor es que se han calentado las redes sociales polarizando más el ambiente político rumbo al proceso electoral 2018.

Tal vez esa sea una razón de peso que provoca todo este movimiento y calienta la situación.

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