Yucatán fortalece su marco jurídico

Esta semana se han dado importantes resoluciones legales y judiciales que marcan un rumbo de certeza jurídica para la entidad en diferentes aspectos.

Iniciamos con las reformas legales aprobadas por el Congreso del Estado de Yucatán. Desde el viernes pasado se enfatiza en la importancia de cuatro iniciativas de ley aprobadas por el Poder Legislativo de Yucatán: (1) la eliminación del fuero a funcionarios públicos estatales, (2) la reducción del 50 por ciento de financiamiento a los partidos políticos, (3) la eliminación de las pensiones a ex gobernadores y (4) la anulación de caducidad a las actas de nacimiento.

El fuero constitucional consistía en una protección que los funcionarios públicos gozaban para impedir que por acciones judiciales se ejerciera presión para reorientar las decisiones o acciones políticas en un sentido. Esto no cancelaba la capacidad de denuncia. El punto es que mientras se gozará del privilegio del fuero los procesos judiciales quedaban estancados. Tenía que suceder dos cosas: esperar que se terminará el periodo de gestión del puesto para ejercer una acción penal o, en otra opción, solicitar al Congreso local un juicio de procedencia para eliminar al funcionario cuestionado el fuero y entonces permitir su disposición procesal.

En algunas partes del mundo, especialmente en Europa los legisladores mantienen el fuero durante el periodo de discusión y decisión parlamentaria. Esto para prevenir que alguna fuerza coactiva intente intervenir como presión para definir el sentido de voto de los legisladores.

En nuestro país, el fuero de ser una protección que asegurará y diera certeza jurídica se convirtió en sinónimo de impunidad. Una carta blanca para ejecutar actos protegidos por una figura que impedía la acción judicial contra la persona que en funciones de cargo público cometían delitos.

Tenemos ahora el caso del alcalde de Celestún a quien acusan de vender terrenos de propiedad privada a otros sin derecho y, para rematar, se le vincula con una bodega donde se descubren varias toneladas de pepino de mar y varios millones de pesos. Es inadmisible que se quede impunes hechos presuntamente delictivos solo por ostentar un cargo.

Con respecto a la reducción del financiamiento a partidos políticos se destaca que el destino del recurso que no se entregará se destinaran para el CAIMEDE. Con esto se beneficia un organismo del estado que se encarga de proporcionar una mejor calidad de vida al menor desamparado. Un acto de justicia social necesario que reoriente un gasto hacia un sector vulnerable.

Se reconoce que los legisladores escucharán a los ciudadanos sobre la demanda de eliminar la pensión a ex gobernadores. El punto no es que la tengan. Al final es un trabajo y por derecho fundamental se debe gozar en el retiro de una calidad de vida decorosa. El problema era los altos pagos por conceptos de pensión adjuntado a otros privilegios que resultaban molestos para los ciudadanos que por muchos años trabajan y no logran llegar a ese estándar de vida.

Finalmente, es gran noticia que las actas de nacimiento dejen de caducar. En la realidad es un documento que no experimenta cambios, por lo cual resultaba ilógico que se tuviera que estar actualizando cada vez que se hiciera un trámite administrativo. Era una carga por la tramitología y el costo del derecho. Ahora habrá un ahorro de tiempo y economía.

Otra de las decisiones importantes fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto al tema Uber y la ley de transporte público de la entidad. Como máxima autoridad judicial la Corte validó los términos de la legislación en transporte público relacionadas con las plataformas tecnológicas. Hay obligación de no solo inscribirse, sino también, de cumplir con los requisitos establecido en la ley.

Uber tuvo su oportunidad procesal y acudir a la Corte para decisión cuyo resultado ya no les fue favorable. Hoy debe acatar la decisión, pedir su registro y cumplir con la ley.

Esto da ya certeza jurídica a los usuarios de las plataformas tecnológicas. Ya no hay pretexto alguno, mientras no se registre Uber es ilegal. Ya no se podrá considerar ilegal ni atentado la detención y decomiso de los vehículos.

AL CALCE. Hoy estamos observando ineficiencia en la comunicación entre las autoridades o dependencias con los ciudadanos. Ante el apagón de la semana la CFE fue muy escueta en la información que dio a conocer sobre el problema. De una falla, tal y como inicialmente lo anunció, en las redes sociales se discutía sobre un atentado y otras causas. Es importante que el flujo de información sea claro y preciso. Que no produzca ambigüedades ni deje margen a la especulación. Si esto le sucede a una empresa de clase mundial… que debemos esperar de quienes no lo son.

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